La agencia de detectives que supuestamente espió al número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, durante su viaje a Colombia en agosto de 2008 también investigó por esas mismas fechas al entonces secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Francisco Granados. Pero el hecho de que la agencia –Método 3, una de las importantes del país- pusiera la proa a ambos dirigentes conservadores no les ha convertido en aliados. Antes al contrario, medios afines a González sostienen que fue Granados quien en última instancia ordenó el espionaje de su compañero de filas.
Ahora, un certificado del Registro de la Propiedad de Valdemoro, el municipio madrileño donde Granados fue alcalde antes de saltar al Gobierno de Aguirre, acredita que Método 3 cursó 40 solicitudes de información sobre inmuebles de Granados y su esposa. Las peticiones fueron realizadas entre el 1 de agosto de 2008 y el 20 de septiembre de ese mismo año. Por cuenta de quién hicieron las reclamaciones de información, varias de ellas repetidas, es un misterio: esgrimiendo el secreto profesional, en el caso donde un juez investiga el espionaje a Ignacio González, los detectives de ‘Método 3’ se han negado a revelar la identidad de sus clientes.
Esta historia de espionajes cruzados, cuyo antecedente más cercano se sitúa en la vigilancia a que fueron sometidos otros dos dirigentes regionales del PP madrileño enfrentados con Aguirre, ha logrado eclipsar el fondo de la cuestión: la existencia de un ático que disfrutan en Estepona (Málaga) Ignacio González y su familia en régimen oficial de alquiler y que, en teoría, pertenece a una empresa fiduciaria con sede en Delaware, estado de EEUU que opera en la práctica como un paraíso fiscal. Según González, el alquiler de ese ático le cuesta 2.000 euros al mes. Pero las investigaciones policiales abren dudas sobre quién es el verdadero propietario del lujoso ático y apuntan a que para su adquisición se abonaron 600.000 euros en negro, la mitad del precio real de la vivienda.
Las pesquisas de la Policía no sólo han quedado de momento abortadas sino que hacer averiguaciones sobre el piso costasoleño del vicepresidente de Madrid ya le ha costado el cargo a dos mandos: el último de ellos, José Enrique Rodríguez Ulla, comisario general de Policía Judicial hasta hace una semana y destituido del cargo por falta de confianza. Nombrado por el PP tras su victoria electoral, Rodríguez Ulla ordenó investigar el ático tras una denuncia del sindicato mayoritario del Cuerpo, el SUP.
Alicia Gutiérrez