El Ministerio del Interior ha ordenado retirar la escolta a la mayoría de los cargos protegidos mientras disfruten de vacaciones o estén de viaje no oficial, salvo en casos excepcionales como los miembros del Gobierno, según han informado a Efe fuentes de este departamento.
La instrucción dada por Interior desde hace algunos días afecta a todos los cargos que gozan de protección, a excepción de aquellos que por su condición deban mantener la escolta en todo momento. Las mismas fuentes han explicado que estas salvedades incluirán los casos de algunos altos cargos de la Judicatura.
Esta medida se enmarca dentro del plan de «reordenación» de escoltas adoptado por Interior con el objetivo de optimizar los recursos policiales y de adaptarse a la nueva situación que lleva aparejada una menor amenaza terrorista tras el anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre.
El pasado 25 de junio Interior inició la retirada de casi todos los escoltas de los jueces del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, según los cálculos de Interior a finales de junio, el número de personas escoltadas en ese momento era 697 frente a las 1.251 protegidas antes de iniciarse dicho plan. Entre las personas con protección se encuentran los miembros del Gobierno, presidentes de comunidades autónomas, delegados del Gobierno y algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
Asimismo, permanecen con protección los presidentes del CGPJ, del TS, del TC y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Supremo, aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta.
Con la puesta en marcha de este programa la plantilla queda integrada por 1.456 efectivos de los que 1.091 pertenecen a los cuerpos de seguridad y 365 a la seguridad privada.
Antes de la aplicación del plan, había 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a agentes de las Fuerzas de Seguridad y 789 de empresas de seguridad privada, que eran sufragados por la Administración General del Estado.
El plan se inició en una primera fase en el mes de marzo en el País Vasco y Navarra con la supresión de 424 agentes de seguridad privada y la segunda, desarrollada en mayo, con la supresión de 422 efectivos de protección estática.
A partir de junio, el ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz inició la aplicación de la tercera fase que afecta a las escoltas dinámicas.