Médicos del Mundo ha lanzado la campaña «Derecho a curar» en apoyo de la objeción de conciencia del personal sanitario para que pueda asistir a la población inmigrante irregular que quede fuera del sistema a partir del próximo 1 de septiembre, cuando entre en vigor la reforma sanitaria.
La ONG ha puesto en marcha esta acción de movilización ciudadana contra el decreto del Gobierno que, a su juicio, según señala en un comunicado, «deja a las personas sin permiso de residencia sin acceso al sistema sanitario público».
Con esta iniciativa, Médicos del Mundo intenta contribuir a la iniciativa puesta en marcha por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) el pasado 10 de julio y que suma ya más de 1.300 profesionales objetores contra «la exclusión sanitaria».
La iniciativa, dirigida en un primer momento a médicos de familia, se amplía a profesionales de todas las especialidades, de enfermería y administrativos de salud, según el presidente de la ong, Álvaro González, quien ha subrayado que se trata de suscitar un movimiento del mundo sanitario contra una medida que «choca contra la ética profesional».
«Queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario reivindique, ejerza su derecho a la resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo requiera, independientemente de su situación administrativa», ha comentado González.
Además, la iniciativa lanzada hoy por Médicos del Mundo también busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en apoyo de la profesión médica y a favor del derecho a la salud.
Así, la campaña online www.derechoacurar.org también recabará apoyos de la ciudadanía a la objeción sanitaria contra el decreto ley de la reforma sanitaria.
La web incluye para ello diversos materiales como una carta modelo que cualquier ciudadano puede dirigir a su médico para solicitarle que objete contra la exclusión de las personas inmigrantes.
Desde la propia web también se puede suscribir una carta dirigida a la ministra de Sanidad en la que se manifiesta su rechazo a «la exclusión de las personas sin permiso de residencia de la atención sanitaria».
La ONG considera que la reforma supone «un grave retroceso en términos de derechos sociales» y rechaza las justificaciones para la adopción de esta medida.
«Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria», según González, quien recuerda que «son numerosos los estudios que demuestran que las personas inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios que la población española».