El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha pedido a las televisiones copias de la rueda de prensa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que informó del esclarecimiento del secuestro de Publio Cordón, por si en ella se pudo incurrir en un delito de revelación de secretos.
Así lo ha ordenado el magistrado en una providencia notificada este miércoles en relación con la causa que abrió el pasado mes de julio por un posible delito de revelación de secretos a raíz de la publicación en los medios de comunicación de diversos datos contenidos en una comisión rogatoria internacional que permanecía secreta relacionadas con esta causa.
El juez pide al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y a su jefe del Servicio de Información, Faustino Álvarez Sola, que identifique, en el plazo de cinco días, «quiénes le dieron la información, verbal o escrita» del resultado de las investigaciones ordenadas en la comisión «y a quién las transmitió».
Y ello «con el fin de determinar si existe base para estimar indiciariamente si se ha cometido un delito, el de revelación de secretos, y el órgano competente para la instrucción de la causa, dada la intervención pública de aforados en la que se dieron datos protegidos por el secreto de sumario», subraya el escrito.
Gómez Bermúdez reclama además al jefe del Servicio de Información que «identifique, con el número de su carné profesional si fuese miembro de las fuerzas de seguridad y nominalmente en otro caso», a la persona que informó «a las autoridades del Ministerio del Interior» sobre el resultado de la investigación.
Por último, exige a las televisiones que le remitan, «en el plazo inexcusable de 10 días», las imágenes de la rueda de prensa que Fernández Díaz ofreció el pasado 19 de julio para aportar nuevos datos sobre el secuestro del empresario zaragozano en junio de 1995.
En ella, Fernández Díaz dio por esclarecido el caso tras conocerse que Cordón falleció en un piso de Lyon (Francia) tras quince de días de cautiverio al intentar huir por una ventana después de haber estado encerrado en un «armario zulo cerrado con una cadena» de la segunda planta de la vivienda.
Dos días después de esa comparecencia, el juez abrió una investigación por un posible delito de revelación de secretos por la publicación en los medios de comunicación de diversos datos del caso y que aparecían en el sumario de una comisión rogatoria internacional que era secreta.
Por ello, solicitó a la Guardia Civil que informara sobre «la cadena de custodia» de esta comisión rogatoria desde su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas y si se hizo alguna copia de la misma distinta a la que le fue entregada al Juzgado.
El Instituto Armado le entregó entonces el informe original de la comisión rogatoria practicada en Francia en relación con el secuestro del empresario, la cual precipitó la detención de José Antonio Ramón Teijelo, María Victoria Gómez Méndez, Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa.
Informó así al juez del vuelo en el que llegó el informe, así como del agente que recogió los documentos en el aeropuerto de Madrid y los trasladó al Servicio de Información de la Guardia Civil antes de remitirlos a la Audiencia Nacional.