La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y Endesa) es la que tiene que explicar por qué ha cambiado de opinión sobre la prórroga de explotación de la central.
«Será la empresa la que tendrá que explicar por qué ha cambiado de opinión, al menos a sus accionistas -ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros-. El Gobierno actúa a petición de parte y esa parte ha decidido ahora que no le interesa esa prolongación».
En este sentido, ha insistido en que la posición del Gobierno no ha variado, sino que ha cambiado la de la empresa, que pidió una prórroga de la vida útil de la central que el Gobierno, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y a través de una orden ministerial, que revocaba una anterior, concedió dicha prórroga a 2019.
Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha tachado de «irresponsabilidad» y de «incomprensible» la decisión de Nuclenor.
Hernando ha señalado que la decisión de Nuclenor de renunciar al permiso de explotación es una «frivolidad absolutamente incomprensible» por parte de Endesa y de Iberdrola, ya que ambas empresas solicitaron al Gobierno la derogación de la orden ministerial con la que el Gobierno socialista propuso el cierre de esa central nuclear para 2013.
Según ha recordado, Garoña el año pasado produjo 466 Megawatios, el 6,5% de la producción eléctrica nuclear y un 1,3% del total de la producción eléctrica española. A su juicio, representa «una parte muy importante» de la producción energética del país, máxime cuando es una central nuclear cuyos costes económicos fueron ya hace tiempo amortizados.
Por tanto, insiste en que la energía nuclear es «segura y barata» y pone como ejemplo que las empresas alegaron que el cierre para 2013 y la no prórroga hasta 2019, que es lo que ahora había autorizado el Gobierno, iba a implicar un lucro cesante de 963 millones de euros para esas empresas.
«Lo que hoy hace más injustificable la decisión del presidente de Endesa, el señor Prado, del señor Galán, de Iberdrola, que supongo que tendrán que dar explicaciones a sus accionistas sobre las razones que han motivado esta decisión que podría supone el cierre de Garoña», ha agregado.
Chantaje
Por otra parte, tacha de «sorprendente» que la no petición de prórroga sea justificada por el hecho de la existencia de incertidumbres regulatorias. «En este sentido es muy preocupante que eso se pueda interpretar como un chantaje contra el Gobierno, lo cual sin duda sería muy grave», puntualiza el ‘popular’.
En su opinión, el problema del déficit tarifario y la solución al mismo no puede ser como algunos grandes empresarios de las eléctricas «pretenden con cargo siempre a los bolsillos de los consumidores».
Es más, Hernando añade que, al igual que en otros sectores, las eléctricas han tenido que hacer ajustes, y éstas tienen que darse cuenta que tienen que contribuir a solventar un problema que está causando un grave perjuicio a las industrias consumidoras y al conjunto de los españoles que, en los últimos seis años, se ha multiplicado por dos la tarifa de la luz.