Armados con camisetas y un el lema: «Por una universidad pública, sin recortes». Media docena de profesores se congregaban en la mañana de este miércoles en la librería de Lavapiés ‘Traficantes de Sueños’ en una lucha que sólo acaba de empezar.
«No estamos dispuestos a colaborar en la demolición de los servicios públicos para empresas cuyo fin es maximizar beneficios». Así comenzaba la ponencia de propuesta de desobediencia civil que los profesores de las seis universidades públicas de Madrid, junto a las plataformas de estudiantes y el personal de administración de los centros docentes van a llevar a cabo para el próximo curso. El ponente Pedro López López, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, advertía de que este servicio «es un derecho moral de todo ciudadano, incluso una obligación».
En esta lucha no hay política, no hay rojos o azules, «tanto populares como socialistas se han encargado de una mercantilización de la universidad pública», advertía el profesor Carlos Taibo, de la Universidad Autónoma, y aseguraba que el panorama empieza a ser «dramático», aunque la extensión del caos prepara escenarios aun peores y ponía como ejemplo la Estrategia Universidad 2015.
Allí, reunidos por unos objetivos claros, luchan contra el encarecimiento de matrículas, el recorte de becas, la recesión de muchos contratos de personal docente y de administración y la agresión al principio de autonomía de las universidades. Unas «medidas impuestas» que dejan entrever «un escenario en el que el principio de igualdad de oportunidades se encuentra dramáticamente dañado».
Y es que es lógico. «Las administraciones locales están asumiendo el discurso de ‘No hay dinero’ recortando en la universidad pública: el futuro», aseguraba Ángeles Díez Rodríguez, de la Plataforma de trabajadores de la Universidad Complutense. Jorge Reichmann, representante de la Plataforma de Trabajadores por la Universidad Autónoma recordaba que esto «no es una lucha por conservar los puestos de trabajo o la paga de navidad, sino de luchar por unos derechos fundamentales y constitucionales». De este modo hace un llamamiento a la huelga indefinida que se plantea para el próximo lunes 17.
Pepe Madariaga, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, considera que la Comunidad «atropella» a la universidad pública y aboga por buscar fórmulas creativas para defender el futuro: «La desobediencia civil va más allá de una mera resistencia. No se trata de desobedecer la ley, sino de ampararse en la ley que nos pertenece».
Los estudiantes también tienen mucho que decir. Ellos optan por tomar medidas ya, «pasar a la defensa del ataque generalizando las luchas, las manifestaciones», dice el portavoz de ‘Toma la Facultad’. Adoptarán tres medidas para el próximo curso: Impulsar asambleas que defiendan a todos, consolidar una estructura sindical mejor y crear una unidad total entre trabajadores y estudiantes.
Medidas del personal docente
– Rechazar asumir más carga docente siempre que esa carga vaya atada al despido de profesores.
– Rechazar que los grupos sean mayores de lo que establece el Plan Bolonia.
– Promover que no se utilicen los servicios de administración fuera de las 35 h. establecidas. Es decir, no utilizarlos durante las dos horas y media que les han añadido por semana.
– Dar clases fuera del aula para que se visibilice el malestar.
– No cubrir las 37’5 horas que les están «imponiendo» y fichar sólo por las 35 que les corresponden por contrato.
– Hacer paros intermitentes.
– Animar a los alumnos a la petición masiva de becas.
– Reservar un día a la semana de las clases para debatir entre alumnos y profesores las medidas de desobediencia civil.
– Realizar folletos explicativos, carteles, dar información y animar a los alumnos a unirse a la propuesta.
Aitor Suárez Nevado