El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados a explicar la última medida con la que pretende culminar el saneamiento del sistema financiero: El real decreto ley de reestructuración y resolución ordenada de entidades, imprescindible para recuperar el crédito, conseguir dinamizar el mercado inmobiliario español y proteger a los inversores, según ha vuelto a explicar el titular de Economía en el Parlamento, ante las quejas de una oposición que le reclama más presencia en la Cámara Baja para discutir cuestiones tan importantes y trascendentales como fue el rescate bancario que España pidió a Europa por valor de 100.000 millones de euros. «Fue una medida que se discutió en el parlamento alemán y finlandés y no en el español», denuncian amargamente varios diputados en los pasillos del Congreso.
Se trata de la quinta reforma financiera en tres años, y de la tercera que el Ejecutivo de Rajoy aprueba en un plazo de apenas seis meses. Una iniciativa «de gran importancia y calado» con la que el Gobierno ‘popular’ espera volver a colocar a España en la senda del crecimiento y generar empleo, los dos principales objetivos desde que Rajoy llegara al poder, según ha explicado De Guindos. Un discurso que no varía ni un ápice del que hizo el pasado 31 de agosto cuando presentó en Consejo de Ministros esta nueva normativa. «Si hubiésemos tenido antes unos instrumentos como estos, esta crisis bancaria se hubiese abordado de una forma distinta, aunque hay que mirar al futuro», ha vuelto a reiterar el ministro de Economía este jueves en el Congreso de los Diputados.
En cuanto a las novedades que introduce el nuevo real decreto ley presentado destacan la liquidación de bancos o cajas inviables de forma ordenada. La creación del llamado ‘banco malo’ o sociedad de gestión para transferir los activos dañados. Y la imposición de que sean los accionistas y dueños de deuda subordinada o participaciones preferentes los que asuman parte de las pérdidas de la entidad en la que han invertido su dinero y no dejar todo el peso en el contribuyente.
El debate de este miércoles en el Congreso ha sido largo -dos horas y media- y tenso, pero al final, el Gobierno ha conseguido más apoyos de los que obtuvo con la segunda reforma financiera que se discutió en mayo. De esta manera, y gracias a los votos de PP, CiU y UPN, el Ejecutivo ha logrado convalidar el decreto ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito con 196 «síes»; el rechazo de 120 diputados de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Amaiur, ERC y BNG; y la abstención de los diputados de PNV y CC. Los motivos del rechazo, muchos y variados. Aunque destaca principalmente uno: la falta de negociación. La oposición no perdona al Gobierno que no haya sometido el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate a debate en el Congreso, mientras los parlamentos de Alemania o Finlandia sí lo han votado.
Según ha explicado el portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy han arruinado la confianza en la economía española. «Estamos al borde de pedir un rescate total», ha dicho el socialista y por ello «merece nuestro reproche y el de toda la sociedad española», ha concluido. En este sentido, le ha recordado al ministro de Economía la famosa frase de Montoro -«Dejen que el país caiga, que ya lo levantaremos nosotros»- y le ha espetado que muy lejos de «levantar el país lo están hundiendo más».
La ayuda a los bancos llegará a partir de noviembre
Según ha anunciado este miércoles De Guindos, las entidades financieras que están intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recibirán la ayuda pública inmediatamente después de que a principios de noviembre se aprueben sus programas de reestructuración. Tal y como ha explicado el ministro de Economía, a finales de septiembre se conocerán los resultados de las necesidades de capital de la banca que publicará la consultora Oliver Wyman, banco a banco.
En este sentido, las entidades «del grupo 1», es decir, aquellas intervenidas por el FROB, recibirán la ayuda pública una vez la Comisión Europea apruebe sus programas de reestructuración a principios de noviembre. En el caso de las entidades «del grupo 2», aquellas que no pueden asumir su déficit de capital sin ayudas públicas, el proceso de aprobación de su plan de reestructuración se prolongará hasta finales de diciembre. Por último, en el caso «del grupo 3», que son aquellas entidades que se prevé puedan hacer frente a sus déficit de capital por sí mismas, tras la presentación de su plan de recapitalización en octubre, tendrán hasta junio para demostrar que pueden hacer frente a sus necesidades de capital sin apoyo público, ha asegurado el ministro.
De Guindos apela a la «responsabilidad»
Ante la negativa solialista, el ministro de Economía ha apelado a la «responsabilidad». Según De Guindos, la situación es muy complicada y es necesario contar con el apoyo de la Cámara para llevar a cabo medidas que el Gobierno sabe que son impopulares. El titular de Economía ha vuelto a recurrir a la herencia recibida para justificar sus medidas, y Gómez le ha replicado que no mire al pasado, que ahora quienes están gobernando son ellos. «La responsabilidad ahora es vuestra», le ha espetado el socialista, que le ha recordado que si el Gobierno no está dispuesto a dialogar todas estas importantes medidas a la oposión no le queda más remedio que ser «dura».
Preferentes
Otro de los puntos sensibles de la reforma lo encontramos en la polémica de las preferentes, un producto de inversión muy complejo que en España se vendió a clientes particulares que en muchos casos carecían de la cultura financiera necesaria para entender el producto en el que estaban colocando sus ahorros, y que según informó el Gobierno en su momento se canjearán a precio de mercado más una diferencia máxima de un 10%. De esta forma, los titulares de preferentes y deuda subordinada se verán obligados a asumir parte de las pérdidas de una entidad en crisis con el objetivo de reducir al máximo posible el coste de la reestructuración para el contribuyente.
Aún así, la oposición sigue sin estar conforme con las soluciones que se están adoptando al respecto. Desde el PSOE lo que piden es que se diferencie entre los inversores que sabían dónde invertín su dinero y entre los ciudadanos que fueron engañados por las entidades para que introdujeran sus ahorros en un mecanismo que no estaba bien explicado. «La solución debe de ser soportada por el conjunto del sistema financiero», ha propuesto Gómez.
«Ya sabemos que las preferentes estuvieron mal comercializadas, pero el Memorándum de Entendimiento (MoU) no puede ser excusa para no establecer alguna solución razonable para los ahorradores engañados. Y nos oponemos a que, más allá de una cortina de humo, no hayamos encontrado una solución a centenares de miles de personas afectadas por los desahucios mientras hay un millón de viviendas vacías. No tiene sentido este esperpento», ha expuesto el socialita, convencido de que la crisis ha deteriorado enormemente la confianza de los ciudadanos en las entidades financieras, confianza que no se recuperará mientras no «pase nada en lo judicial ni haya respuesta desde lo político».
Elsa S. Vejo