El exdirector gerente de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) Jorge Rodrigo declarará este viernes en calidad de imputado ante el juez Eduardo López Palop por lo ocurrido la madrugada del pasado 1 de noviembre en el pabellón municipal Madrid Arena.
El pasado 21 de noviembre, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cesó a Jorge Rodrigo y al entonces consejero delegado, José Rivero, bajo el argumento de ‘pérdida de confianza’.
El cese se produjo después de que Botella conociera la existencia de un documento que plasmaba un «compromiso de fidelización» firmado el pasado 21 de septiembre por la dirección de Madridec y la empresa Diviertt. El documento fijaba una serie de condiciones preferentes para la utilización del pabellón Madrid Arena en 2012 y 2013.
La declaración se producirá semanas después al interrogatorio del coordinador de Seguridad de Madridec, Jorge Rodríguez Caamaño, quien manifestó ante el juez que el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno suprimieron desde el pasado 30 de agosto cualquier reunión de coordinación y de seguridad para acordar medidas en eventos que celebrara este organismo por falta de medios económicos.
Según señalaron los abogados, Caamaño admitió en su declaración que «la Policía Municipal conocía perfectamente que había botellón; que había menos agentes que en otros eventos y que estos estaban colocados en puntos diferentes que al de otros festivales similares».
Responsabilidades
A principios del pasado mes de diciembre, Diviertt exigió «responsabilidades» al Ayuntamiento y a Madridec por haberle arrendado «un recinto que no reúne las condiciones necesarias para celebrar macrofiestas».
«Diviertt ha arrendado este espacio hasta la fecha en múltiples ocasiones confiando en que reunía las condiciones adecuadas para albergar sus eventos y, por supuesto, ignoraba las graves deficiencias técnicas y urbanísticas y, en consecuencia, de seguridad que tenía el recinto», señaló en un comunicado.
La empresa de Miguel Ángel Flores defendió que es «una empresa sólida y responsable que jamás hubiera puesto en riesgo voluntariamente, con fines económicos ni de otro tipo, ni la vida ni la salud de sus clientes».