El Gobierno de Mariano ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista en Cataluña. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, un día después de que el Consejo de Estado se pronunciara a este respecto. Según la vicepresidenta, el Gobierno entiende que su contenido «no sólo no es compatible» con la Constitución sino que «produce efectos», al plantear el inicio de un proceso «para el que mandara a poderes públicos y ciudadanos».
El pasado 23 de enero, en el primer pleno de la legislatura, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración en la que proclama al pueblo catalán como «sujeto político y jurídico soberano” y reclama la celebración de una consulta para decidir su futuro político. El texto fue secundado por 85 diputados de CiU, ERC e Iniciativa y la CUP, mientras que 41 diputados del PSC, PP y Ciutadans han votado en contra. Entonces se le preguntó al Gobierno y a su presidente, Mariano Rajoy, cuál iba a ser la hoja de ruta a seguir para dar respuesta a este desafío que llegaba desde Cataluña. Según explicó el Ejecutivo, para recurrir una decisión de esa naturaleza era necesario que fuera una resolución de «contenido inconstitucional y que fuera impugnable», y por ello se le encargó al servicio jurídico del Estado la elaboración de un documento en el que se analizara desde una perspectiva legal esta decisión.
Hace una semanas, la Abogacía del Estado ya se pronunció a este respecto. Tal y como anunció en su momento la vicepresidenta del Gobierno, Justicia determinó que existían «argumentos favorables a la interposición de un recurso de inconstitucional ante el organismo pertinente». No obstante, antes de actuar decidieron esperar a tener una opinión más: la del Consejo de Estado. El Ejecutivo solicitó a este organismo un «informe preceptivo y no vinculante», y las conclusiones fueron comunicadas este jueves. «Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán», fue el veredicto final.
Tal y como explicó Santamaría en su día, en el informe de la Abogacía del Estado ya se deja constancia de que la declaración soberanista aprobada en el Parlament vulnera por lo menos cuatro artículos básicos de la Constitución Española.
– El artículo 1, punto 2. «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».
– El artículo 2. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
– El artículo 9, punto 1. «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».
– El artículo 168, punto 1. «Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes».
Por todos estos motivos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido finalmente actuar e impugnar la declaración. Según ha precisado Santamaría, no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se emplea la «tercera vía» que ofrece la Constitución, la de la impugnación. La razón: «Cumplir y hacer cumplir la ley», ha sentenciado la portavoz gubernamental, según la cual, el diálogo con Cataluña sigue abierto, pese a que desde la Generalitat no se vea así. «La impugnación no es contradictoria con la voluntad de diálogo y acuerdo. Es más, el Gobierno no lo interpreta así cuando las autonomías recurren sus leyes o acuerdos. Cada uno cumple con su obligación», ha concluido.