El equipo de gobierno de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado este jueves que el Tribunal de Cuentas no fiscaliza la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau por considerarla una entidad privada y «no concurrir los requisitos para considerarse vinculada a una entidad local».
Por su parte, el Tribunal de Cuentas rebate las palabras de la alcaldesa que intenta desvincularse del organismo y señala que TVCB debería ser considerada una entidad del sector público. Si así fuera le obligaría a someterse a la ley de contratos de la administración pública que exige convocar un concurso público para las contrataciones, algo que no se cumplió en los contratos de la Valencia Summit.
Este organismo, participado por el Ayuntamiento de Valencia, destinó fondos a la celebración, los años 2004, 2005 y 2006, de las jornadas deportivas Valencia Summit, organizadas por el Instituto Nóos que presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin
El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha subrayado que «el Informe del Tribunal de Cuentas lo que establece e que la Fundación Turismo Valencia queda excluida de su fiscalización por no concurrir los requisitos para considerarse vinculada a una entidad local».
El responsable municipal se ha expresado de este modo al hilo del contenido del Informe del Tribunal de Cuentas sobre la titularidad de Turismo Valencia que constata que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que percibe la fundación son aportados por el Ayuntamiento de Valencia.
En este sentido, fuentes del equipo de gobierno local argumentan que el Tribunal de Cuentas excluye esta fundación del sector público aunque dice que debería formar parte de él por la participación municipal que tiene.
En la misma línea, la alcaldesa Rita Barberá, preguntada por dicho informe tras la ‘mascletà’ de las Fallas de 2013 de este jueves, ha remitido al vicealcalde y a la Intervención General del Estado en cuanto al carácter privado de la entidad.
Alfonso Grau ha añadido que «la Sindicatura de Cuentas tampoco incluye a la fundación entre los entes del sector público local objeto de su fiscalización por tratarse de una fundación privada» y ha apuntado, como ha comentado en otras ocasiones, que «en paralelo, la Intervención General del Estado establece que la fundación no es una entidad dependiente del Ayuntamiento de Valencia».
«Es decir, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas, y la Intervención General del Estado, consideran que Turismo Valencia no es una fundación vinculada a una entidad pública local, que es una fundación privada y que no es dependiente del Ayuntamiento de Valencia», ha recalcado Grau.
Igualmente, el responsable municipal ha resaltado, respecto al informe del Tribunal de Cuentas que «éste no es un tema nuevo» porque «ha salido ya publicado hace tiempo, y ya se recalcó lo mismo». En este sentido, el gobierno local ha indicado que el informe del Tribunal de Cuentas al que se hace referencia es «de fecha 23 de febrero de 2012».
Más votos en el sector privado
El vicealcalde se ha referido al Informe de la Intervención General de la Administración del Estado, del 7 de octubre de 2010, y ha leído una frase que «refiriéndose a la Fundación Turismo Valencia afirma textualmente» que «dada la mayor ponderación de los votos del sector privado en la toma de decisiones, la fundación pasará a considerarse en contabilidad nacional, una ‘unidad institucional bajo control privado'».
El gobierno municipal ha explicado que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau se constituyó, como Fundación Cultural Privada, mediante escritura pública de fecha 24 de septiembre de 1990, y que los fundadores fueron el Ayuntamiento de Valencia, la Cámara de Comercio de Valencia, la Feria de Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana.
Ha agregado que «en aquel momento se adhirieron al proyecto cerca de 25 empresas del sector» y que «hoy en día la fundación cuenta con una cifra en el entorno de 220 empresas». Asimismo, ha recordado que «cumpliendo las exigencias previstas en la normativa fundacional, fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana».
La fundación, ha precisado, «se rige por la ley 8/98 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y su reglamento de desarrollo 68/2011 y el control de la adecuación a la legalidad de su gestión lo realiza el Protectorado de Fundaciones, a quien presenta sus cuentas anuales y plan de actuación, una vez aprobados por su patronato».
En esta línea, el gobierno local ha señalado que «no es una fundación del sector público de la Generalitat, conforme al artículo 33 de la ley 8/98», que «tampoco es una fundación del sector público estatal, conforme al artículo 44 de la Ley estatal 50/2002 de fundaciones, de 26 de diciembre, ni ha sido constituida como una fundación municipal, aun cuando el Ayuntamiento de Valencia sea fundador en una cuarta parte de su dotación y tenga un papel importante en su patronato, habiendo sido sectorizada como sector privado a efectos de contabilidad nacional y estabilidad presupuestaria».