El ‘caso Bárcenas’ no ha sido un tema recurrente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Pero sí ha habido una respuesta a este respecto, cuanto menos sorprendente. Las fórmulas empleadas a lo largo de estas semanas por los periodistas para conseguir que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se pronunciara sobre este escándalo han sido múltiples, aunque la respuesta siempre ha sido la misma: «Esta no es la mesa apropiada para hablar de estos asuntos».
Este viernes, sin embargo, ha ampliado su repertorio. A la aclaración de que el Gobierno no es la institución que tiene que dar respuesta a los escándalos de corrupción, aunque estos afecten al partido político que lo sustenta, Santamaría ha añadido que ella no es «experta en derecho laboral» y que por ello no puede valorar el procedimiento de despido que se empleó con el extesorero de su formación. «¿Usted que es una buena conocedora del derecho español nos puede explicar que significa un finiquito en diferido y una retribución simulada?», ha sido una de las preguntas que este viernes se le han formulado a la portavoz gubernamental, y de nuevo ha vuelto a despejar el golpe. «No me lo pregunta como portavoz de este Gobierno o como vicepresidenta. Tampoco mi especialidad es el derecho laboral y ya sabe usted que la Seguridad Social tiene sus propios letrados», ha sido su respuesta.
El desmarque sobre el ‘caso Bárcenas’ ha vuelto a ser clamoroso. Aunque en esta ocasión le ha valido la justicia como excusa. «Este asunto está judicializado y el Ejecutivo debe respetar esas actuaciones judiciales», ha dicho Santamaría cuando ha sido preguntada por si cree que la falta de explicaciones sobre este caso por parte del PP puede perjudicar al Gobierno. «Permítame que desde el Gobierno diga nuestro máximo respeto a las actuaciones y a la investigaciones judiciales», ha concluido.
Nuevas medidas anticorrupción
Sáenz de Santamaría ha asegurado que «entiende» la preocupación de los ciudadanos por la corrupción y ha señalado que pondrán en marcha un paquete de medidas «muy ambicioso y muy profundo» para luchar contra ella. De hecho, ha recordado la vicepresidenta, Mariano Rajoy ofreció un pacto contra la corrupción a los demás partidos y en Debate sobre el estado de la Nación se aprobó una resolución en el Pleno del Congreso con una serie de medidas en ese sentido.
Así pues, Santamaría ha anunciado que se ha creado ya un grupo de trabajo para poner en marcha las reformas legales contra para prevenir la corrupción que se aprobaron en el Debate de la Nación, que estará presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, pero al que también asistirán los subsecretarios de Presidencia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y de Hacienda.
Según ha explicado, este grupo se encargará de «poner en marcha» las distintas normas legales que se pactaron en las propuestas de resolución realizadas por los grupos en ese debate de política general, como la Ley de Control económico financiero de los partidos políticos o la ley orgánica reguladoras del ejercicio de las funciones públicas. El objetivo de este grupo es ponerlas en marcha «a la mayor brevedad posible», ha rematado.