La última medida del gobierno de Ignacio González para gestionar la sanidad pública en la Comunidad de Madrid pasa por las sociedades de profesionales de médicos y enfermeros. Estas mercantiles consisten en la agrupación de varios profesionales para ofrecer de manera conjunta un servicio. La externalización o privatización, según se pertenezca a gobierno u oposición, es la misma. En vez de concederle la gestión del centro a una gran empresa como por ejemplo CAPIO, se le concede a esta sociedad creada por profesionales. Los trabajadores que formen estas mercantiles deberán trabajar en la sanidad madrileña o al menos haber trabajado un año en ella durante los últimos cinco años. Así lo ha explicado Fernández Lasquetty en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.
Cuatro de los 27 centros de atención primaria que la Comunidad de Madrid pretende externalizar o privatizar serán adjudicados a este tipo de sociedades profesionales. «Luego realizaremos convocatorias para otros centros de salud», ha dicho Lasquetty. La realidad, según publica El País, es otra: «Los profesionales interesados en crear una sociedad son muy pocos». Con 23 centros pendientes de su futuro, a los que se suman seis hospitales que no entran en la rifa de las sociedades profesionales sino en la de por ejemplo CAPIO, Ribera Salud, Sanitas, USP-Quirón, DKV o Asisa, la Comunidad de Madrid aún no se fía de que la opinión social sea contraria a dichas privatizaciones o externalizaciones.
Empleados de varios hospitales madrileños han entregado este jueves a la Consejería de Sanidad 413.000 firmas contra la privatización o externalización de la sanidad pública sumándose a las 911.000 entregadas anteriormente y sumando así 1.324.000 firmas en contra de los planes del Gobierno regional. Más del 20% de la población madrileña ha dicho NO. (La región cuenta con 6.490.000 habitantes). Pero Fernández Lasquetty no le da ningún tipo de credibilidad a estas firmas. «Se han obtenido firmas mintiéndole a los ciudadanos», ha dicho el consejero de Sanidad. Los madrileños, esos que tienen que volver a votar en la primavera de 2015, parece que no leen los periódicos, no ven la televisión, no escuchan la radio. Han firmado sin saber la verdad, según Lasquetty: «Que si van a pagar por ir al médico o van a cerrar centros, se han obtenido firmas mintiéndoles a los ciudadanos, diciéndoles algo que los que lo contaban saben que no es cierto».
Dinero público para empresas privadas
La privatización o externalización de los hospitales madrileños no supone que los ciudadanos tengan que pagar para que el médico les pase consulta. Los únicos que pagarán para que la gestión de la Sanidad pase a manos privadas es la Comunidad de Madrid tras resolver las adjudicaciones. Dinero público para empresas privadas. Esa es la principal diferencia entre la gestión actual y futura que tanto indigna al PSM.
Según la Comunidad de Madrid el precio actual que paga por un paciente está en torno a los 600 euros anuales. Esta privatización de la gestión reduciría el precio a 441 euros por cada ciudadano. Según eldiario.es este dato supone que el negocio de la sanidad privada se cifraría en 497 millones de euros. “Así, actualmente, el hospital Infanta Leonor de Vallecas en la capital tiene asignados 325.000 vecinos (143 millones), el Infanta Sofia de San Sebastián de los Reyes 300.000 (132 millones), el Infanta Cristina de Parla 120.000 (52 millones), el del Tajo en Aranjuez 65.000 (28 millones), el del Sureste 150.000 (66 millones) y el del Henares en Coslada 170.000 (74,9 millones), siempre aplicando el dato de pago medio”. La Consejería de Sanidad insiste en que esta nueva forma de gestión supondría un ahorro para las arcas públicas de 533 millones de euros.
Aún se está trabajado en la elaboración de los pliegos de condiciones para sacar a concurso la gestión de estos seis hospitales: «Queremos contar con los profesionales (sanitarios) para definir bien esos pliegos de condiciones», ha dicho el consejero Lasquetty. Con quien no contaron fue con el apoyo de ningún grupo parlamentario de la oposición para aprobar su plan externalizador. El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el pasado 27 de diciembre con 69 votos del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que permitía esta gestión privada de los hospitales y centros de salud. En este caso el Gobierno de Madrid no tenía en contra al 20% de los ciudadanos, sino al 47% del Parlamento regional.