La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, sostiene en uno de sus últimos autos que el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, actualmente en prisión provisional a cuenta de su papel en los hechos, obtuvo un total de 492.665 euros a cuenta del rol jugado en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla con cargo a los fondos autonómicos. El descubrimiento de una petición de comisiones ilegales a manos de dos exdirectivos de Mercasevilla, por cierto, marcó el comienzo de esta macroinvestigación.
La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.