«Lo que pretendemos es contribuir a dar esperanza a muchas familias madrileñas que lo están pasando muy mal. Vamos a ceder una parte de nuestra infraestructura inmobiliaria, que en este momento se encuentra deshabitada, para ponerla a disposición de aquellas personas que lo necesitan». Esta fue la promesa anunciada por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el pasado 27 de noviembre de 2012, al poco tiempo de tomar posesión y relevar a Esperanza Aguirre.
En una rueda de prensa junto al presidente de Cáritas, Julio Beamonte, y el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, el jefe del Ejecutivo regional explicó que cedería cerca de mil viviendas públicas para acoger a familias desahuciadas con la posibilidad de pagar un alquiler en torno a 200 euros, aunque podría llegar a los 40 euros, a través de un convenio de cinco años de duración, con posibilidad de ampliarse.
González explicó que la cesión se realizaría a través del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y que Cáritas sería la encargada del acondicionamiento de esas viviendas por medio de un programa de voluntariado, antes de ponerlas a disposición de las familias.
Los pisos todavía no han sido entregados
Cuatro meses después, la promesa de González con los desahuciados no se ha cumplido. Distintas plataformas sociales de afectados por desahucios, Izquierda Unida y PSOE, denuncian que el Gobierno de Madrid no ha aportado ninguna solución y que la entrega de los pisos no se ha producido. Una demora que preocupa teniendo en cuenta que los datos sobre los lanzamientos son alarmantes. Según cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid se han iniciado más de 9.250 ejecuciones hipotecarias en el 2012 y las que están en trámite en estos momentos en los juzgados superan las 21.000.
Cuatro meses después, la promesa de González con los desahuciados no se ha cumplido
Libertad Martínez, portavoz de Izquierda Unida de Economía y Hacienda en la Asamblea de Madrid, asegura que «todo eso que se está prometiendo no se está cumpliendo. Mientras Ignacio González promete hace cuatro meses mil viviendas del IVIMA, que es el organismo público de la Comunidad de Madrid, desaloja a la gente porque no pagan el alquiler social, es totalmente contradictorio».
Una situación incoherente que también denuncia Lola Fernández, portavoz de la plataforma Asamblea de Viviendas de Madrid. Afirma que la situación es «dramática» y se acoge a una sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos que paralizó un desalojo de una vivienda en la capital por vulnerar el derecho a la vivienda de familias sin recursos: «Ha salido una sentencia que ha dado la razón a una familia que fue desahuciada por el IVIMA, que posteriormente ocupó una casa de protección oficial y le han dado la razón». «Hay un parque de viviendas públicas dónde hay casas que llevan tapiadas más de diez años, tanto casas individuales como edificios enteros. El Gobierno de González no está dando ninguna opción a los desahuciados y eso es lo que denunciamos», añade la portavoz.
Desde la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) critican que se trata de «una situación incomprensible porque en época de crisis lo que deberían estar haciendo es ofrecer una moratoria a la gente que se encuentra en vivienda social y que no puede hacer frente a los pagos». Feli Vázquez, portavoz de la plataforma, considera que «no existe ninguna sensibilidad por parte de las administraciones públicas respecto al derecho a la vivienda, entienden el derecho a la vivienda como un tema de caridad».
Después de varios meses sin cumplir la promesa la PAH se muestra escéptica y cree que se trata de un simple «lavado de cara». Vázquez no cree que la iniciativa de Ignacio González llegue a cumplirse y denuncia que Cáritas responde con evasivas a sus reclamaciones: «A nosotros Cáritas nos dijo que para empezar no eran mil viviendas y que ya se vería porque las tienen que acondicionar. Además, las condiciones que proponen para acceder a los pisos son absurdas porque uno de los requisitos principales es tener empleo«.
Las condiciones que proponen para acceder a los pisos son absurdas porque uno de los requisitos principales es tener empleo
Por su parte, la consejería de Vivienda justifica que el proceso «está siendo más lento de lo esperado» porque «lo que se oculta es que estas 1.000 viviendas son pisos recuperados de ocupaciones ilegales y que, por tanto, han sido destrozadas y ahora necesitan ser reparadas, incluso rehabilitadas en algunos casos».
La PAH afirma que mantiene contacto con la Administración y asegura que se han «encerrado en el edificio del IVIMA para presionar y que se paren los desahucios. Ellos nos dicen que no, que solamente están haciendo desahucios de gente que ha ocupado pero nosotros les demostramos continuamente que es mentira», aclara Feli Vázquez.
¿Desmantelamiento del IVIMA?
El panorama parece desolador y además la situación se ha agravado aún más porque los desahucios que se producen en Madrid ya no solo son ejecutados por los bancos sino que el propio IVIMA desaloja a personas que se encuentran en alquiler social o habitando en viviendas sociales. «Ahora mismo hay más desahucios de las viviendas sociales que de los bancos», asegura Feli Vázquez. ¿La explicación? El posible desmantelamiento del IVIMA, organismo público que depende de la Comunidad de Madrid, responsable de la gestión de la vivienda social en la región.
Víctor Martí, portavoz del movimiento independiente Attac Madrid, lo tiene claro: «Lo que pretende el IVIMA es privatizar lo poco que queda y que lo gestionen empresas privadas y para dárselos a las empresas privadas lo que tiene que hacer el Gobierno regional es dejar los edificios muy limpitos, que los que estén paguen y los que no paguen fuera». Según cifras ofrecidas por la PAH, el IVIMA y la EMV lanzaron alrededor de 40 desahucios diarios durante los últimos meses de 2012.
«Ahora mismo hay más desahucios de las viviendas sociales que de los bancos»
Sin embargo, la consejería de Vivienda defiende que en el IVIMA «no se ejecutan desahucios desde hace meses» y que «algo muy diferente es que los procesos de desahucio sigan su curso por imperativo legal». Además niega que se produzca una privatización del IVIMA: «No está inmerso en ningún proceso de privatización, ni está previsto ninguno. El servicio de cobro de los recibos está externalizado desde hace muchos años».
Antonio Gordillo, portavoz de Medioambiente, Vivienda y Urbanismo del PSM en la Asamblea de Madrid, acusa al Ejecutivo regional de no aportar los recursos suficientes para mantener en buenas condiciones las viviendas sociales del IVIMA y denuncia que su propósito es que desaparezca. Para demostrarlo se remite a los datos: «Cuando el PP llega al Gobierno en 1995 había más de sesenta mil viviendas en alquiler en el IVIMA, hoy apenas hay veintitrés mil viviendas y el objetivo es reducirlas a cero».
«El intento de privatización del IVIMA es una realidad, de hecho a finales de junio de 2012 se adjudicó toda la gestión patrimonial a una empresa privada que se llama ‘Diagonalgest’ para que se ocupara de la gestión patrimonial del organismo», explica Gordillo.
Tanto la PAH como la Asamblea de Viviendas de Madrid creen que la estrategia que pretende llevar a cabo el Gobierno regional reside en el desmantelamiento de los organismos que se ocupan de gestionar las viviendas sociales. Lola Fernández, portavoz de la Asamblea de Viviendas de Madrid, advierte de que la situación «es crítica» porque «el IVIMA tiene muchas casas vacías y no están realojando a la gente que debería realojar». «Estamos ante un intento de desmantelamiento porque a la Administración no le interesa seguir gestionando esto», subraya Feli Vázquez.
«Lo que hace el señor González, es en definitiva pulir todo el patrimonio público de vivienda social que hay en la Comunidad de Madrid, y eso es muy grave porque además parece que en más de una ocasión son ‘amiguetes’ los que salen beneficiados de estas situaciones», denuncia Antonio Gordillo.