Podría parecer evidente, pero nunca está de más preguntar. Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se le formulaba una pregunta muy directa a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: ¿El dinero para pagar a los abogados de la Infanta Cristina -inmersa en un proceso judicial después de que el juez Castro la imputara por el ‘caso Nóos- de dónde saldrá? ¿De la asignación del Rey, o de otro tipo de partidas también dependientes directamente de los Presupuestos Generales del Estado? De la Administración del Estado, no. Esta ha sido la respuesta de la portavoz gubernamental a este respecto.
¿Y de la asignación que el Estado da al Rey? Encogimiento de hombros. Según Sáenz de Santamaría, de aquellos aspectos que se refieren a gastos reservados que afectan a la Casa Real se informa en la Comisión de Gastos Reservados. «No le puedo decir nada más, porque nada sé de cómo se va a efectuar ese pago», ha recalcado. No obstante, y teniendo en cuenta que el reparto que hace el monarca de la asignación presupuestaria que recibe anualmente para el mantenimiento de su familia y de la institución quedará fuera de la futura Ley de Transparencia, nunca lo sabremos.
En numerosas ocasiones se ha alegado que esta asignación está blindada por la Constitución, y es cierto, pero en ningún momento la Carta Magna limita la comunicación de dichos gastos. Tal y como recoge el artículo 65, «el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma».
No obstante, y sea como fuere, Sáenz de Santamaría ha asegurado que no se va a pagar con el dinero de la Administración General del Estado ni correrá a cargo de sus servicios jurídicos. Que no correrá a cargo de sus servicios jurídicos es evidente, puesto que ya ha sido comunicado que la defensa la llevará Miquel Roca, padre de la Constitución. Ahora bien, la factura ya es otra historia. Si finalmente corre a cargo del Rey, cuya información se desconoce, cabría recordar que dicha asignación de la que disfruta «libremente» también sale de los PGE.
Elsa S. Vejo