¿El Ejecutivo tiene previsto adoptar alguna medida para mejorar la imagen de la Corona, como incluir a ésta en la Ley de Transparencia? Esta fue la pregunta textual que los periodistas formularon al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este jueves en el Palacio de la Moncloa. La respuesta -también textual-: «No hay previsto hacer absolutamente nada de lo que usted ha planteado». Este viernes, sin embargo, nos enteramos de que el Ejecutivo lleva «dos meses» manteniendo conversaciones con la Casa del Rey para ser incluida en dicha normativa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estaba o no previsto hacer algo para mejorar la imagen de la Monarquía entre el pueblo español, cada vez más indignado con la institución? Vayamos por partes y analicemos los hechos cronológicamente, para despejar dudas. O mejor dicho, analicemos los «antecedentes», tal y como los ha denominado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.
Éste en absoluto es un debate nuevo, aunque sí es cierto que después de los últimos acontecimientos conocidos -viaje del Rey a Botswana, Corinna, implicación de Iñaki Urdangarin en el ‘caso Nóos’ y reciente imputación de la infanta Cristina en la misma causa- la discusión a este respecto se ha intensificado. Tanto es así, que en el Debate sobre el Estado de la Nación, celebrado el pasado 20 y 21 de febrero, fue unos de los temas estrellas del momento. La oposición en bloque reclamó al presidente del Gobierno que permitiera en la tramitación de la nueva Ley de Transparencia la inclusión de la Corona y éste obvió el tema. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario.
Esta nueva ley era uno de sus compromisos electorales y cumplió con él el pasado 27 de julio, día que fue aprobada en Consejo de Ministros. Aunque nunca estuvo exenta de polémica. A ojos de la oposición se quedaba corta: sólo incluía los gastos, las subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma y del Gobierno, es decir, de las administraciones públicas. ¿Pero qué pasaba con todas aquellas entidades e instituciones que recibían dinero público? ¿Los gastos de estas no serían transparentes? Corona, partidos políticos, sindicatos…Esta fue una de las preguntas más coreadas durante meses. Y hace menos de dos meses que tuvo respuesta. Finalmente, Rajoy cedió a las presiones y aceptó incluir en la normativa a aquellas «entidades que reciben dinero público como los partidos políticos y los sindicatos». Entonces, se volvió a insistir en la pregunta. ¿Y la Monarquía? Aquí ya se hizo el silencio.
No sería hasta el 26 de febrero, día en el que se debatieron las propuestas de resolución en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, cuando pudimos apreciar un avance a este respecto. Con 214 votos a favor y 120 abstenciones se dio de paso una importante enmienda de CiU que suponía, en cierta manera la inclusión de la Corona en la ley. En concreto, la enmienda aprobada abogaba por incorporar a esta norma a aquellas «entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público». En este momento, es donde la vicepresidenta pone el punto de partida de las conversaciones que supuestamente han mantenido el Ejecutivo y la Casa del Rey a este respecto. Aunque las dudas que surgen, de ser así, no son pocas.
Durante más de ocho meses, los periodistas hemos insistido en reiteradas ocasiones sobre esta cuestión. En infinidad de ocasiones, durante las habituales ruedas de prensa de los viernes, Sáenz de Santamaría ha sido preguntada sobre la posibilidad de que la Monarquía acabara siendo incluida en esta normativa. No obstante, la respuesta siempre ha sido la misma: no. Primero porque no era una administración y segundo porque el Ejecutivo no estaba dispuesto a hacer nada que no contara con el beneplácito de Zarzuela. Además, fuentes gubernamentales insistieron en numerosas ocasiones en que esta inclusión suponía «desarrollar» el Titulo II de la Constitución y que el Gobierno no estaba por la labor.
En una reciente entrevista con Europa Press, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, fue un poco más allá y garantizó que las partidas administrativas de la Casa del Rey estarán sometidas a la Ley de Transparencia, es decir, que se podrán conocer, por ejemplo, los contratos y servicios vinculados a la Jefatura del Estado que dependen de distintos departamentos ministeriales. Ahora bien, también adelantó que lo que sí quedará fuera de la futura norma será el reparto que hace el monarca de la asignación presupuestaria que recibe anualmente para el mantenimiento de su familia y de la institución, que está blindada en la Constitución. Un argumento, el constitucional, que también ha utilizado la vicepresidenta del Gobierno este viernes, cuando ha confirmado finalmente que efectivamente Zarzuela y Gobierno están en conversaciones para ver cómo encaja esta institución en la nueva Ley.
Solución: hacerle un encaje a medida. Según ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno, la inclusión de la Casa del Rey se hará de acuerdo a otros marcos jurídicos europeos. Y ha puntualizado que el título II de la Constitución establece «una serie de particularidades» para la Casa del Rey que hay que respetar en todo caso» y que, por tanto, habrá que estudiar la situación específica. Conclusión: la Corona sí se incluirá en la Ley de Transparencia, pero con importantes restricciones. ¿Cuáles? aún se desconocen, pero lo que ya es más que evidente es que los españoles, a diferencia de los británicos, no sabrán cuánto se gasta la Reina en peluquería, por ejemplo.
El caso es que el Gobierno no ha tardado ni 24 horas en desdecirse. Primero, el presidente del Gobierno dice que no tiene pensado hacer «absolutamente nada» a este respecto. Y al día siguiente se nos informa de que el Ejecutivo, y en concreto el Ministerio de la Presidencia, lleva «dos meses aproximadamente» en conversaciones con la Casa del Rey para tratar este controvertido asunto. Según ha confirmado Santamaría, Zarzuela hace varias semanas que trasladó al Gobierno su «voluntad» de ser incluida en la futura Ley de Transparencia. Si es así, ¿por qué no se anunció antes? Es más, si es así, ¿por qué no nos informó de este asunto el presidente cuando fue preguntado explícitamente? Sobre estas cuestiones aún tendrá que dar cuenta el Ejecutivo, que por el momento prefiere pensar que esta ley «contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones» y a «mejorar» la calidad de la democracia.
Elsa S. Vejo