La Generalitat no ejecutará la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece que debe introducirse el castellano en las aulas donde esté escolarizado un alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano.
«La lengua de una aula no puede cambiar porque un sólo alumno lo pida. La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias» de un grupo clase, ha señalado en rueda de prensa desde el Parlament la consejera de Enseñanza, la convergente Irene Rigau, que ha anunciado que el ejecutivo catalán recurrirá esta resolución ante el Tribunal Supremo (TS).
La consejera ha señalado que el gobierno catalán defiende la atención individualizada en castellano de los «casos particulares», pero ha afirmado que no pueden obligar unos episodios en concreto a cambiar el sistema en su totalidad, y ha defendido el éxito de la inmersión lingüística y el consenso social y político que la avala.
Estrella Digital/EP