El Ministerio de Economía considera que el decreto Ley de la Junta de Andalucía que contempla la expropiación temporal de viviendas que se encuentran inmersas en un proceso de desahucio «no será eficaz» porque no contiene medidas «efectivas» que reduzcan la deuda de los usuarios una vez haya entrado en vigor.
El Gobierno andaluz aprobó el martes un decreto sobre la función social de la vivienda, concebido como un «plan de choque para frenar la sangría social» de los desahucios, con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas «en inminencia» de desahucio «en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas».
Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que el decreto «plantea muchos problemas», el primero de ellos «de pura eficacia» y el segundo sujeto a la ejecución presupuestaria. Además, han destacado que el procedimiento para determinar el número de viviendas que están vacías es «de una complejidad extraordinaria». «Va a haber un procedimiento contradictorio de un año para determinar si la vivienda está vacía o no. ¿En qué beneficia?», se preguntan.
Según las fuentes, el decreto no determina qué ocurre si la entidad bancaria ha puesto en venta un piso y no ha encontrado comprador. Esta es una de las razones por las que creen que no será «efectivo» para resolver el problema. «Es más efectivo que los problemas entre acreedor y deudor se regulen por normas», han advertido.
Sobre el trasfondo político de la norma, han indicado que hacer oposición al Gobierno central con una norma de un Parlamento autonómico «no es lo más apropiado». En este sentido, han precisado que pese a que Andalucía tiene competencias en materia, «puede haber problemas», motivo por el que la Abogacía del Estado está estudiando la norma por si se ha producido invasión de competencias.