El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Orense, Leonardo Álvarez, ha dictado un auto en el que imputa a José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación Provincial, un delito de prevaricación en relación a 104 contratos firmados entre enero y marzo de 2010, justo antes del congreso en el cual el exbarón cedió a su hijo la presidencia del PP orensano, según ha informado a Europa Press fuentes judiciales. El fiscal jefe de Orense, Florentino Delgado, interpuso, el pasado mes de enero, una querella contra José Luis Baltar, quien solicitó la baja de las filas del PP para evitar dañar al partido. El juzgado que aceptó a trámite la querella y que abrió diligencias, ha emitido ahora el auto en el que pide la apertura del procedimiento para juicio oral contra el exbarón popular.
Fuentes del PSOE, como una de las partes personadas en el proceso, ya han avanzado a Europa Press que este partido va a recurrir el auto para que se amplíe la acusación contra Baltar a otras figuras delictivas, como malversación de fondos públicos y falsedad documental. Baltar presidió la Diputación de Orense entre 1990 y 2012.
Contratos vinculados al Congreso
En el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez concluye que todos los indicios hacen pensar que José Luis Baltar, como presidente de la Diputación, formalizó 104 contratos temporales sin tener en cuenta los elementos esenciales de la ordenanza aprobada en 2004, «y siendo la mayor parte de los beneficiarios de contratos, personas afines de uno u otro modo al PP y ello en vísperas del Congreso que tenía por objeto nombrar al presidente del partido en Ourense, resultando curiosamente elegido su propio hijo», sigue el escrito.
Por otra parte, el juez aclara en su escrito de seis folios, que de los tres procedimientos posibles para los contratos temporales de la Diputación de Orense, el utilizado fue el de urgencia, regulado por la ordenanza de 2004.
Esa regulación prevé una convocatoria pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la institución, de un plazo mínimo de tres días para que los interesados presenten su currículum profesional, la selección a cargo del presidente asistido por el jefe de servicio que detalló previamente la necesidad de la contratación y el perfil requerido para ella, así como una fiscalización también previa, a cargo del interventor, que debe verificar si hay crédito suficiente para el contrato.
Según el juez de instrucción, en la Diputación de Orense se hicieron 104 contratos entre enero y marzo de 2010 sin la fiscalización previa, sin la pertinente publicación –por lo que la resolución fue «objetivamente injusta»– y, en el caso de algunos de los contratos, «no existía el informe de necesidad, aunque sí pudo haber un apetición verbal del ayuntamiento afectado pero esto no deja de ser una irregularidad».
«A quien le vino en gana»
Según el escrito, la obligación del entonces presidente de la Diputación Provincial era formalizar contratos con personas que reuniesen los requisitos para desempeñar el trabajo ofertado, «y esos requisitos tendrían que haberse publicado» para faciliar el acceso de cualquier persona, pero «se limitó a contratar a quien le vino en gana, atentando así contra el recto funcionamiento de la función pública».
La falta de publicación de las características y requisitos para los trabajos temporales «atenta contra el principio de igualdad y supone una quiebra de la confianza que los ciudadanos deben tener en la credibilidad de las instituciones y en la confianza que deben mercerles, incidiendo negativamente en la igualdad y libertad de todos los ciudadanos a la hora de concurrir a contratos con la Administración», según el juez.
Al titular del juzgado de instrucción número 1 de Orense le llamó «poderosamente la atención» el hecho de que la mayoría de las personas contratadas «tengan una vinculación directa o indirecta con el PP», y lo considera «lógico» pues lo atribuye a que «eran las únicas que tenían conocimiento de la existencia de estas ofertas de trabajo, pues el PP lleva gobernando más de 20 años en la Diputación y el propio Secretario General reconoció que es así en toda la Institución».
El escrito judicial detalla todos los aspectos de la querella presentada en enero por la Fiscalía de Orense y alude a la documentación y testimonios recopilados durante la instrucción sobre los 104 contratos para señalar que, en su declaración, José Luis Baltar dijo haber visto los «informes de necesidad» enviados por varios ayuntamientos de la provincia para solicitar trabajadores «cuando estos informes no existen».
«Entre los certificados llegados de cada uno de los ayuntamientos, muchos hablan de que hubo peticiones verbales» y también hay contratos que carecen de cualquier informe de necesidad, ni de ayuntamientos ni de jefes de servicio, según el juez.
La resolución de Baltar respecto a los contratos, «se formalizó prescindiendo por completo de los trámites establecidos en la ordenanza municipal de 2004, que el presidente de la Diputación debía conocer pues se aprobó con él en el cargo», por lo que el juez cree que «hay indicios suficientes de que en los contratos discutidos actuó a sabiendas de su injusticia, es decir, consciente de que resolvió al margen del ordenamiento jurídico».
No ve más delitos
El titular del juzgado considera que no hay indicios de malversación de fondos públicos, según una petición de la acusación popular ejercida por el PSOE, pues las irregularidades detectadas se reducen al procedimiento de contratación «pero los trabajos fueron realizados por los contratados y es de recibo que cobren los honorarios estipulados, por lo que no puede hablarse de defraudación de caudales públicos».
También descarta la posibilidad de falsedad documental de alguno de los decretos que abrieron los trámites de la contratación irregular, pues, aunque no constan los «informes de necesidad» para esos contratos, «en la mayoría de los casos parece que hubo petición verbal».
Además, el juez no encontró ninguna actuación penal ni en el Secretario General de la Diputación, ni en el Interventor ni en el Jefe de Personal porque no atribuye a ninguno de ellos ningún tipo de resolución «sin perjuicio de la mayor o menor profesionalidad de su actuación», agrega.
Por los motivos anteriores, el juez descarta la ampliaciòn de los delitos imputables a Baltar, solicitada en su momento por el PSOE y advierte a esta acusación popular de la imposibilidad de hacerlo, también porque «no se puede modificar» el objeto de la investigación del juez instructor.
«Si considera necesario extender la investigación a hechos diferentes de los denunciados por el Ministerio Fiscal, deberá presentar la correspondiente querella y solicitar que se acumule al procedimiento actual», dice el auto.
El PSOE pedirá ampliación
Por su parte, fuentes jurídicas del PSOE han indicado que estudiarán la forma de ampliar las imputaciones al expresidente José Luis Baltar, bien por la presentación de una nueva querella o por la vía del recurso.
El auto judicial resuelve que siga el procedimiento abreviado, el traslado a las partes para que formulen sus escritos y la consiguiente apertura de juicio oral o sobreseimiento, según resulte de los escritos y recursos posibles.
Contra el escrito de hoy cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en los tres días siguientes a la notificación o un recurso de apelación en los cinco días siguientes.
Estrella Digital/EP