Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a iniciar «un nuevo proceso constituyente» que conduzca a la proclamación de la república como único régimen «legítimo» y en un momento en el que la monarquía ya no da estabilidad al país sino que se ha convertido «en un serio problema para España y su credibilidad internacional, al aparecer como una institución salpicada por la corrupción y los escándalos». Así se expresa la coalición de izquierdas en el manifiesto que ha elaborado con motivo del 14 de abril, el aniversario de la proclamación de la República de 1931. IU denuncia en el texto que aspectos «sustanciales» instaurados con la Transición se están perdiendo, como el Estado social de derecho y su aconfesionalidad, las libertades políticas o el modelo de Estado.
A estos aspectos ha añadido que también se «resquebraja» el «blindaje» que se estableció en torno a la monarquía, lo que está «dejando en evidencia su inutilidad». El llamado ‘caso Urdangarin’, dice IU en el texto, ha terminado de conseguir que se rompa este «tabú».
«La sociedad española ha conocido las aficiones y vida privada del titular de la Jefatura del Estado, donde se confunden negocios privados y presuntos intereses nacionales. La monarquía no es hoy un factor de estabilidad», añade.
Desprestigio político
IU defiende este cambio constitucional y de modelo de Estado para afrontar también el desprestigio de los grandes partidos y de las instituciones políticas. «Los poderosos no necesitan de la democracia. Pero no es menos democracia lo que se precisa, sino más. Es la afirmación de una radicalidad democrática: sólo es legítimo el régimen que es república, cosa pública, en cuyo cuidado y gobierno todas y todos están comprometidos ejerciendo la responsabilidad de su condición de ciudadanía», añade.
La coalición asegura que la crisis económica está demostrando la «insuficiencia» del actual modelo de participación política, además de la debilidad de los derechos «conquistados».
«Para IU, se trata de ampliar aún más la democracia para conseguir que todos los cargos electos, incluido el jefe del Estado, sean elegidos por el pueblo, para que los derechos de las personas no sean potenciales sino imperativos, para concluir la actual descentralización en un Estado Federal, para que en las cuentas generales las prioridades sean la creación de empleo, la protección social y los servicios públicos», proclama.