La Iglesia, como cualquier otra institución que recibe dinero público, también estará incluida en la Ley de Transparencia que en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados. No ha sido una confirmación explícita; y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha cuidado mucho de referirse a la institución de manera directa, pero de lo que no cabe duda ya es que a la Iglesia, al igual que a la Corona y a «otras muchas entidades financiadas en parte con fondos públicos» se le buscará el encaje necesario para someterse a la normativa que el Gobierno ‘popular’ aprobó el pasado 27 de julio y que desde entonces está en discusión parlamentaria. «La elaboración de esta normativa está siendo más complicada de lo que en un principio esperábamos», advertía amargamente este miércoles un portavoz gubernamental en los pasillos del Congreso.
El hecho de que en esta norma no sólo se regule la transparencia de las administraciones públicas, como en un principio se planteó, hace necesario buscarle un encaje legal apropiado para cada uno de los supuestos que finalmente se incluirán. Que en un principio iban a ser partidos políticos, sindicatos y entidades que recibieran dinero público, y a los que posteriormente se añadió -a través de una enmieda de CiU en el Congreso- el concepto de instituciones. Aquí ya no había escapatoria para ninguna de ellas. Eso sí, habría limitaciones legales por no tratarse de administraciones públicas propiamente dichas. Tal y como ha advertido el Gobierno en más de una ocasión, los partidos políticos, la Casa del Rey, los sindicatos y las organizaciones empresariales darán cuenta de sus gastos a través de un régimen especial y parcial y sólo en lo relativo al destino de los fondos públicos. Grupo en el que también se encuentra la Iglesia. «Hay que estudiar y matizar muy bien cada caso», ha insistido Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha sido preguntada hasta en tres ocasiones por esta cuestión -la inclusión de la Iglesia en la Ley de Transparencia- que este viernes avanzaba el diario La Razón en su edición impresa.
El Gobierno y la Zarzuela estuvieron dos meses negociando el encaje de la Corona en esta nueva normativa; así que la pregunta de este viernes era obligada: ¿Ha habido conversación previa con la Iglesia? Santamaría, a la que no se le ha visto muy cómoda hablando sobre esta cuestión, ha dicho que no. «Son muchas las instituciones que estarán incluidas en esta nueva norma. No hemos hablado con ellos, al igual que tampoco lo hemos hecho con otras muchas», ha concluido la vicepresidenta, que no ha querido avanzar ningún detalle sobre la misma. Las partidas que recibe esta institución de los Presupuestos Generales del Estado están muy dispersas (el pago a profesores de religión, asistencia religiosa en hospitales…), pero aún así Santamaría ha preferido evitar la concreción, como habitualmente hace cuando se le pregunta por la Monarquía. Cuestiones delicadas con las que el Gobierno no le gusta lidiar. Prefiere esperar que los movimientos vengan desde fuera, y ya han llegado. «Si las leyes quieren algo más preciso, estamos dispuestos, así que bienvenida la transparencia porque ya estamos en ella», esta ha sido la respuesta del secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, a este respecto.
Ley Antidesahucios y protección para los menores en los escraches
Otro de los temas estrella de la rueda de prensa posterior a la habitual reunión ministerial de los viernes ha sido los desahucios. Después de que este jueves el Parlamento nacional diera luz verde a la nueva Ley Antidesahucios con el único apoyo del Partido Popular y de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca anunciara que retiraba la ILP aceptada en el Congreso «por no respetarse nada de su espíritu inicial», la referencia era obligada. Este viernes, Santamaría ha vuelto a desgranar el discurso que viernes tras viernes exhibe en este tipo de comparecencias. «Esta es la primera vez en nuestra historia, aunque el problema no es nuevo, que se adoptan medidas para solucionar un problema muy importante», ha recordado la vicepresidenta, que ha insistido en que la reestructuración de la deuda, la dación en pago y la posibilidad de estar en sus casas durante dos años a todos aquellos que acrediten estar en riesgo de exclusión social cuando van a ser desahuciados ya lo recoge nuestro ordenamiento legal.
Dicho esto, ha vuelto a rechazar la dación en pago generalizada y ha recordado, primero, que no «evita los lanzamientos», y segundo, que ya era una opción que se podía contratar en los bancos pero que nadie lo hacía porque encarecía mucho el producto. En este sentido, y apelando a un lenguaje informal, la vicepresidenta ha defendido la actual Ley Hipotecaria (que ya tiene más de cien años) como la única solución para que los españoles «no se pasen toda una vida ahorrando» para finalmente poder comprar una vivienda y ha abogado «por una solución equilibrada».
Sobre las últimas controvertidas declaraciones realizadas por la secretaria general del su partido, María Dolores de Cospedal, en las que calificaba el escrache de «nazismo puro», la portavoz gubernamental ha preferido no pronunciarse. Eso sí, ha insistido en su condena a este tipo de protestas diciendo que están fuera del sistema de derechos y libertades y afectan a quienes a «no pueden defenderse por si solos». «Cuando uno se salta las normas está fuera de ese sistema de derechos y libertades que nos hemos dado, la libertad de uno acaba cuando empieza el de los demás», ha dicho Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que este tipo de protestas afectan especialmente «a gente del núcleo familiar que no está en esto». «Ellos no pueden protegerse por sí solos», ha concluido.