El Gobierno de Canarias impulsará con carácter urgente a través de un proyecto de ley la modificación de la Ley Canaria de Vivienda para frenar los 9.400 expedientes de ejecución de desahucios que hay en estos momentos en el archipiélago.
En respuesta a una pregunta parlamentaria, el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, ha explicado que el objetivo de esta modificación es fomentar el alquiler de las viviendas vacías en Canarias e impulsar medidas para evitar los desahucios en las situaciones que afecten a familias en situación de emergencia social y cuando culminen los procesos de adjudicación a las entidades financieras.
Asimismo, pretende trasladar las normas contempladas en el Real Decreto aprobado por la Junta de Andalucía que, desde el punto de vista de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, parecen «solventes, constitucionales y dan respuesta a un problema social que está afectando a miles de familias».
Con respecto al primer objetivo, Rivero ha indicado que el Gobierno impulsará todas las medidas que sean necesarias, en colaboración con otras administraciones públicas, para llevar a cabo un registro de viviendas vacías en Canarias.
Además, se promoverán medidas para fomentar el alquiler de la vivienda y permitir que los propietarios de viviendas vacías puedan alquilarlas con todas las garantías; y en tercer lugar, se articularán medidas sancionadoras contra aquellas empresas u organizaciones con personalidad jurídica propia que no atiendan las disposiciones contempladas en esta norma, aunque estas medidas no afectarán a las personas físicas.
En cuanto al segundo objetivo, Rivero ha explicado que se llevará a cabo una expropiación de la ocupación de la vivienda por un periodo de tres años con un justiprecio que fijará el tribunal correspondiente, que se hará efectivo a través de una aportación de la familia –hasta un máximo del 25% de la renta– y de recursos públicos.
Estos recursos, aclaró el presidente, vendrán de las sanciones a aquellas empresas cuyas viviendas vacías no hayan sido declaradas en régimen de alquiler y, apoyándose en la Ley de arrendamientos urbanos, de las fianzas que se deriven del alquiler de viviendas que se producen en Canarias.
Al mismo tiempo, en la tramitación de esta modificación se incorporarán otras cuestiones que puedan mejorar el proyecto de ley que presente el Ejecutivo.
«Absolutamente nada»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, calificó de «ocurrencia» esta modificación de la Ley Canaria de Vivienda, y acusó al presidente Rivero de no haber hecho «absolutamente nada» para ayudar a las familias que han tenido que hacer frente a hipotecas «abusivas» o que han sido desalojadas de sus hogares.
«Está engañando a todas estas personas, pues el único desahucio que le preocupa es el suyo y que no le desalojen de la Presidencia, ni ahora ni en 2015. Esa es su única preocupación», recalcó.
En su respuesta, Paulino Rivero acusó a la portavoz popular de «falta de respeto absoluta» a las 4.100 familias que han sido desahuciadas en Canarias en 2012 y a las 9.400 que están en proceso de ser desalojadas de sus viviendas.
El mandatario canario invitó al PP a aportar soluciones ante una «situación dramática», pues «parece que sólo piensan en defender a los bancos y en defender a Repsol, no a los que menos tienen», remarcó.