El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha definido como progresista al defender el derecho a la vida del concebido no nacido en la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010, que previsiblemente presentará el Ejecutivo en próximas semanas. En respuesta a la ‘número dos’ del PSOE, Elena Valenciano, quien le ha advertido de que ya no está en la etapa de ser «el progre del PP», el ministro de Justicia se ha definido así en palabras del escritor Miguel Delibes: «No hay nada más progresista que defender la vida».
Con ello, ha insistido en que el Gobierno no va a limitar ningún derecho de las mujeres en esta reforma, si no que va a reponer los derechos del concebido y no nacido, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, un derecho que el PSOE quitó al aprobar la normativa de Aborto de 2010.
«¿Es también retrógrado y está en contra de las mujeres Felipe González que gobernó 13 años con esta ley? ¿Y Zapatero que la mantuvo vigente durante seis?¿Por qué rompieron unilateralmente una solución difícil y que había sido aceptada?¿Por qué en 2010 decidieron que de ese dramático conflicto uno tenía que ser completamente anulado?», ha preguntado Gallardón a la socialista, un comentario que ha suscitado la protesta de la diputada del PSOE Ángeles Álvarez desde su escaño, a quien el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha llamado la atención.
Mientras, Elena Valenciano, que le ha preguntado por las razones que animan al Gobierno a limitar los derechos reproductivos de las mujeres, ha insistido en cuestionar a Gallardón qué le han hecho las mujeres para que ahora un Gobierno del PP quiera quitarles también la libertad para gobernar sus vidas.
Así, Gallardón ha insistido en que su reforma no responderá a las presiones ni de ‘lobbies’, ni de jerarquías eclesiásticas, ni conspiraciones imaginativas, sino que atenderá «única y exclusivamente» atendiendo a la Constitución. «Lo va a hacer un partido sin complejos, que defiende los derechos de las mujeres y el de la vida», ha sentenciado.
«Un conflicto dramático»
Además, ha subrayado en su intervención que el aborto es un «conflicto dramático» entre los derechos y el proyecto vital de las mujeres y los derechos del concebido y no nacido, que el Tribunal Constitucional ha definido hasta en tres ocasiones –sentencias de 1985, 1996 y 1999–.
«El legislador tiene la obligación de resolver ese conflicto, ya que no puede prevalecer arbitrariamente uno sobre otro y hay que buscar la armonización posible, que cuando no se encuentra, hay que establecer cuál de los dos derechos prevalece, y eso es lo que hizo la ley de 1985, una ley vigente durante 13 años de mandato del Gobierno socialista», ha insistido el titular de Justicia y principal cartera ministerial que está tramitando la reforma legislativa.
Precisamente, el propio Gallardón justificó en la tarde de ayer martes en el Senado que él «será el legislador» y no los obispos en la reforma del aborto, tal y como así le critican desde la oposición, al mismo tiempo que aviso de que «tan dogmático es no defender los derechos de la mujer como no defender los del concebido».
Un retroceso de 30 años
Valenciano, en su turno de réplica, ha insistido en que al aprobar esta futura normativa España va a retroceder 30 años atrás, en lugar de avanzar, y va a dar pie a una de las leyes «más restrictivas» de Occidente de forma que «los derechos se convertirán en delitos y las mujeres y profesionales que ayude a abortar irán a la cárcel».
En su opinión, está claro que la Conferencia Episcopal Española (CEEE) les reclama ciertas deudas contraídas a la cabeza de las manifestaciones –en referencia a las marchas que varios miembros del PP lideraron en contra de la Ley del Aborto en 2010– y dejen ya de usar «demagagomente» a las menores, «que las mujeres de 16 y 17 años que abortan no llegan al 0,5 por ciento y lo hacen aquellas que viven en hogares violentos y desamparados».
De hecho, ha reiterado que al reformar esta normativa las mujeres del entorno social y económico del ministro podrán viajar a 20 de lo 27 países europeos que tienen una normativa similar a la de España en la materia actualmente y las otras que no tengan recursos económicos interrumpirán de forma voluntaria su embarazo aunque «jugándose la salud, la vida y la cárcel».
«Las leyes restrictivas no reducen el número de abortos», ha defendido Valenciano, a la vez que ha ensalzado la presencia en la tribuna del Hemiciclo de un grupo de feministas.
El PSOE advirtió la semana pasada que si Mato y Gallardón reformaban la actual normativa de aborto, iban a denunciar el Concordato del Gobierno con la Santa Sede porque esta intención sólo respondía a las presiones que ejercía la Iglesia sobre el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy.
Con ello, anunciaron que iban a iniciar una campaña contra esta «contrarreforma» legislativa en todos los parlamentos españoles, empezando por el nacional, tal y como se producirá este miércoles con la interpelación.
Líneas de la futura reforma
El proyecto en el que trabaja el Ejecutivo parte de la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, definida hasta en tres sentencias de 1985, 1996 y 1999, de que tanto el concebido no nacido como la mujer son titulares de unos derechos, y que el Legislador debe prever que hacer cuando se produce una colisión entre esos derechos.
«Algo que no ocurre actualmente durante esas 14 primeras semanas del embarazo en las que el concebido no nacido está completa y absolutamente desprotegido», ha señalado el Gobierno en defensa de su reforma.
Es más, el Ejecutivo ha manifestado que la citada reforma sobre el aborto se inspirará y respetará el derecho a la no discriminación a todas las personas, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en abril de 2008.
Con ello, el Gobierno aseguró que iba a seguir las recomendaciones hechas en octubre de 2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que dio de plazo hasta 2015 para que España subsanase las contradicciones entre la legislación española sobre el aborto y dicha Convención.
En la sesión de control de este miércoles tendrá lugar igualmente una interpelación entre la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, y la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, cuya moción consecuente se debatirá en el mes de mayo.