El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha afirmado este miércoles que las protestas que han llevado a cabo algunos ciudadanos junto a viviendas de políticos y cargos públicos no están siendo violentas y, por lo tanto, constituyen un ejemplo de la libertad de manifestación.
«Los escraches, en tanto en cuanto no sean violentos, y como no lo son, son un ejemplo de la libertad de manifestación», ha declarado en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press. Sin embargo, «en tanto en cuanto ofendan o atenten contra la intimidad de las personas u otros derechos fundamentales, me parecen rechazables», ha añadido.
Sobre la convocatoria que anima a «asediar» el Congreso de los Diputados este jueves hasta conseguir que se disuelvan las Cortes Generales, Moliner ha dicho que siempre ha luchado por la libertad de expresión y de manifestación. «Por lo tanto, no me importan estos actos», ha indicado.
No obstante, ha reconocido que no se siente «nada cómodo» con esa «actitud» de algunos ciudadanos respecto al Parlamento y ha expresado su deseo de que entre el Parlamento y la ciudadanía hubiera «una mejor conexión».
Aplicar la ley teniendo en cuenta el contexto
Por otro lado, el magistrado ha señalado que, en el contexto actual de crisis socioeconómica, el poder judicial puede «tratar de acomodar la legislación» vigente a las «situaciones reales» que afectan a los ciudadanos, pero «siempre partiendo de su respeto a las normas».
Así, ha puesto como ejemplo el problema de los desahucios, ante el cual los jueces están «aplicando la doctrina» que emana de la sentencia, «muy interesante» en su opinión, dictada el pasado marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que critica la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios.
El próximo 8 de mayo, se celebrará una reunión de alto nivel en la que los jueces españoles analizarán la solución que dio el tribunal europeo con el fin de interpretarla de una manera uniforme. Pero «no será más que un criterio orientativo», ha aclarado Moliner.
Reformas de Gallardón
Respecto a las reformas legislativas impulsadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente del CGPJ ha dicho que opina lo mismo que sobre la reforma laboral, en cuya elaboración hubo, a su juicio, una «falta de consenso» que hace que esté «abocada al fracaso».
«Lo mismo me parece ahora con respecto a las reformas orgánicas» en materia judicial, aunque «no puedo manifestarme a favor ni en contra», ha declarado. Moliner ha asegurado que está intentando fomentar el consenso entre las fuerzas políticas «para que al final salga una ley en interés de los ciudadanos».
En este contexto, ha recordado que ante todas esas reformas, el CGPJ ha emitido un informe crítico y que el Gobierno y el Parlamento «han aceptado en alguna medida las opiniones» del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, ha subrayado que «hay que respetar al legislador» y que el poder judicial «tiene que defender su parcela de independencia sin introducirse en los cotos de los demás».
Moliner ha enmarcado las protestas de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno en un contexto de crisis cuyas consecuencias están soportando «todos». Pero «sigo trabajando para que se minimicen las consecuencias de estas leyes y se acomoden a una situación más equitativa», ha agregado.
Por último, ha vuelto a criticar algunos de los cambios que quiere realizar Gallardón en el CGPJ, insistiendo en que hay ciertas competencias reglamentarias que este órgano «debe tener» y expresando su confianza en que así sea.
Estrella Digital/EP