«En el PP hay gente que piensa de manera muy distinta sobre el aborto». Así de claro se expresaba este martes el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, según el cual el debate «aún está abierto». La intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de suprimir de su reforma de la ley del aborto el supuesto de malformación del feto en absoluto cuenta con el beneplácito de todos los miembros del partido que sustenta el Gobierno. Hasta la fecha, la mayoría ha optado por eludir un pronunciamiento público, como hizo la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, este lunes en la rueda de prensa concedida en Génova tras el Comité Ejecutivo Nacional, o el portavoz de los ‘populares’ en el Congreso que ha admitido que la formación sigue discutiendo su postura oficial.
Ahora bien, dentro del partido no todos han cumplido con la ley del silencio. Rafael Hernando y Celia Villalobos han expresado públicamente su rechazo a los planes de Gallardón. Es más, esta última se negó este martes a participar en la votación de una moción del PSOE contra la reforma del aborto del Gobierno ‘popular’ y que ha sido rechazada gracias a la mayoría absoluta del PP. Durante el debate de la iniciativa, y mientras la diputada ‘popular’ Beatriz Escudero defendía la posición del grupo mayoritario, Villalobos decidió levantarse de su escaño y abandonar el hemiciclo visiblemente contrariada, tras intercambiar unas palabras con su compañero Esteban González Pons. La salida de Villalobos se produjo después de que la portavoz ‘popular’ afirmase, entre otras cosas, que la mayoría de los abortos que tienen lugar en España se registran entre las mujeres «con menos formación».
Una sorprendente reacción que se producía horas después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también levantara las alarmas tras una impactante declaración en la que comparaba el terrorismo de ETA con el aborto. En una rueda de prensa concedida con motivo de las últimas detenciones realizadas en Francia a supuestos miembros de la banda terrorista, el titular del Interior fue preguntado por la nueva ley del aborto y este contestó que «el aborto tiene algo que ver» con ETA, «pero no demasiado». «Primero hablamos de lo de hoy y luego de otras cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA. Bueno, tiene algo que ver, pero, en fin, no demasiado», dijo textualmente Fernández Díaz.
Polémicas palabras que hasta Celia Villalobos, compañera de partido, le pidió que rectificara. «Espero que (el ministro) se haya equivocado porque me parece un error gravísimo que no comparto en absoluto», manifestó la vicepresidenta primera del Congreso. Y así fue. Pocas horas después, el ministro del Interior reconoció en el Congreso de los Diputados haber sido «desafortunada» su intervención. Fernández Díaz señaló que «en ningún momento» se le ha pasado por la cabeza, ni ha sido su voluntad, vincular el terrorismo etarra con las mujeres que han practicado la interrupción voluntaria del embarazo. «En las comparecencias públicas hay momentos en que se está más afortunado que en otros», aseveró el ministro, que sí que ha reconocido públicamente apoyar «de la A a la Z» los planteamientos de Gallardón. «Respondió a una interpelación del Grupo Parlamentario socialista sobre eso en el Congreso, recibió un aplauso unánime de todos los diputados del Grupo Popular que estaban en el Hemiciclo en ese momento, yo estaba presente, a su lado en el banco azul, y tengo que decir que apoyo de la A a la Z todo lo que dijo y como lo dijo el ministro Gallardón, que hizo una brillantísima defensa de lo que es la posición del Gobierno», sentenció.
El debate también llegó al Senado
Un acalorado debate que también estuvo presente este martes en el Senado, donde intervino el ministro de Justicia. Las mujeres que practiquen una interrupción del embarazo fuera de los márgenes que fije la ley no podrán ser sancionadas ni con pena de prisión ni con multa, ya que serán consideradas «víctimas» de ese aborto. Así lo avanzó Alberto Ruiz Gallardón, en el pleno de la Cámara Alta, cuando dijo que «por primera vez en la Historia de España no se contemplará la posibilidad de que una mujer vaya a la cárcel».
Palabras que posteriormente fueron concretadas por fuentes del ministerio, que aseguraron que el proyecto no sólo recogerá la prohibición «expresa» de encarcelar a una mujer por practicarse un aborto, sino que también establecerá la imposibilidad de sancionarla con una multa como se venía haciendo hasta ahora. «La mujer será considerada una víctima del aborto que no han concretado si esta condición implicará el reconocimiento de algún tipo de protección por parte de las administraciones públicas», insisten las mismas fuentes.