Quien haya pensado que la huelga nacional de la Educación celebrada el pasado jueves ha sido la razón por la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido posponer la aprobación de la nueva y polémica Ley Wert, es decir, la LOMCE (Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza), está equivocado. Esta es la tesis que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido durante toda la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. «La calle ya se ha apuntado el tanto. Piensa que el Gobierno ha retrocedido en su intención inicial y que ha sido gracias a las protestas. ¿Esto es así?», ha preguntado una de las periodistas. La respuesta, más clara imposible: «Esta percepción durará el tiempo que dure. Es cortoplacista. Esta ley se va a aprobar», ha sentenciado Santamaría, que ha advertido de que en todos los términos -por muy polémicos que estos puedan parecer- inicialmente previstos. «Los pilares fundamentales se mantienen. Algunos aspectos se han enriquecido, pero los elementos fundamentales están diseñados y cerrados a nivel de Gobierno», ha rematado. ¿Cuándo? El tope marcado es finales de mayo, pero el Ejecutivo piensa que con toda probabilidad la nueva normativa se elevará a Consejo de Ministros el próximo viernes.
El pasado 26 de junio, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, presentó ante sus colegas de Gobierno un primer informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica. Y desde entonces, las críticas vertidas hacia su persona no han cesado. Algunas de las medidas planteadas han unido a colectivos de padres, alumnos y profesores, a sindicatos y a un amplio número de partidos políticos en una cruzada que según ha adelantado el Ejecutivo ‘popular’ este viernes está perdida. Asuntos como el mayor control del Ministerio frente a las autonomías, la suspensión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, mayor importancia a la religión, un modelo lingüístico más favorable al castellano (en detrimento de las lenguas cooficiales), la posibilidad de que los centros privados de educación puedan discriminar por sexo, el aumento de alumnos por clase y las famosas reválidas para conseguir los títulos en los diferentes niveles de la educación, seguirán intactos.
Según el Gobierno, ya ha existido un amplio diálogo con todos los colectivos afectados, todos han dado su opinión, e incluso se han modificado aspectos, así que a partir de ahora el debate se emplaza al Congreso de los Diputados. «La normativa se va a aprobar como anteproyecto de ley, allí se podrá presentar todas las enmiendas que se considere oportuno», ha sentenciado la portavoz gubernamental, como si eso fuera una solución. La mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes les da manga ancha para aprobar el proyecto que deseen. Es cierto que el Ejecutivo quiere que salga adelante con el mayor consenso posible, pero Santamaría ha insistido en que la responsabilidad del Ejecutivo es gobernar y que lo hará con o sin apoyo.
En este sentido, la vicepresidenta ha seguido con el argumentario oficial y ha asegurado que el retraso en su aprobación nada tiene que ver con el descontento social, sino que el motivo real es que falta por cerrar aspectos de la memoria económica que acompaña a dicha ley. Así pues, ha defendido al ministro del ramo, resaltando la complejidad de su tarea en este ámbito, y ha insistido en la necesidad de reformar el sistema. «Hasta el momento, este Gobierno no ha encontrado argumentos que justifiquen el mantenimiento del modelo actual», ha aseverado Santamaría, que tras asegurar que «respeta» todas las opiniones vertidas, ha querido dejar en evidencia los resultados obtenidos hasta la fecha: PISA «nos saca los colores habitualmente», los padres están descontentos, las tasas de abandono escolar son «elevadísimas» y más del 60% de los españoles no han concluido la ESO, un elemento que según la vicepresidenta está dificultando la posibilidad de encontrar un empleo. «Lo que no funciona hay que cambiarlo. Y trataremos de hacerlo lo mejor posible», ha prometido.
Santamaría ha insistido en que esta reforma «constituye un elemento básico de nuestro programa de reformas», pero ha optado por evitar las prisas. «También es clave para nuestro futuro», ha advertido. Según la vicepresidenta, tenemos «mucho gasto en Educación», y poco resultados. «Yo quiero que mi país tenga el mayor sistema de calidad. Y este modelo no nos lo da», ha zanjado.
El catalán en las aulas
Uno de los temas más controvertidos hasta el momento es el de las lenguas cooficiales en la educación. En palabras de sus detractores supone el fin del modelo de inmersión lingüística, que lleva 30 años en marcha en algunas comunidades con lengua cooficial: se establece un mínimo de asignaturas en las dos lenguas oficiales y lengua cooficial se considerará materia no troncal. Así pues, si un alumno pide estudiar en castellano, la comunidad deberá pagarle el colegio privado si no existen centros públicos en esa zona. Como no podía ser de otra manera, esta ha sido una de las cuestiones que más ha salido a relucir este viernes. La respuesta: «Este Gobierno lo que va a garantizar es la libertad que establece la Constitución para que se pueda elegir la lengua en la que estudiar».
Elsa S. Vejo