El Consejo de Ministros verá por fin y aprobará hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que no inició su trámite parlamentario la semana pasada, como estaba previsto, porque quedaban por estudiar algunas «observaciones». La nueva ley implantará evaluaciones nacionales a final de cada etapa educativa y transformará cuarto de ESO en un curso de iniciación hacia bachillerato o FP.
El pasado 25 de abril, la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, anunció que el anteproyecto de la ley llegaría al Consejo de Ministros el viernes 10 de mayo, lo que suscitó una crítica unánime entre los sindicatos y asociaciones de padres y estudiantes que habían convocado una huelga general en el sector educativo justo un día antes, el 9 de mayo, en contra de la ley.
Cuando llegado el día, el texto no llegó al Consejo de Ministros, estos sectores, reunidos en la Plataforma por la Escuela Pública, interpretaron que era un aplazamiento fruto de la presión popular, pues decenas de miles de personas se habían manifestado en una treintena de ciudades contra la ley y los recortes durante la jorada de protesta.
Sin embargo, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, vaticinó al término de aquel Consejo de Ministros que ese argumento no se sostendría «mucho tiempo», ya que la norma se enviaría al Parlamento este mismo mes de mayo, a falta de resolver las «observaciones» que sobre la memoria económica había planteado la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
«Hay algunos aspectos en la memoria económica que destacó el Consejo de Estado (en su dictamen sobre el anteproyecto) y que se están fortaleciendo, amén de la posibilidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo, a consecuencia de la aprobación del marco financiero plurianual, de que en alguna de las medidas novedosas que se aplican en algunos ámbitos, especialmente la Formación Profesional, puedan además, utilizarse fondos europeos», dijo entonces Saenz de Santamaría.
No obstante, el texto podría incluir otras novedades respecto de su redacción original, ya que Educación se ha mostrado dispuesto a atender determinadas observaciones del Consejo de Estado sobre su contenido. Se trata en concreto de dos: la forma de garantizar la libre elección del castellano como lengua vehicular en Cataluña y de permitir que los colegios que separan por sexo a los alumnos tengan acceso a conciertos públicos.
Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que Gomendio se mostró asimismo dispuesta a trabajar.
El objetivo del Gobierno es que la LOMCE, la séptima ley educativa 37 años de democracia, esté aprobada «en otoño» a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y llegue a las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.
Itinerarios, exámenes de fin de etapa y FP básica
La andadura se inició el pasado 21 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la ley. Desde entonces, su principal promotor, el ministro José Ignacio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.
Entre las principales novedades se encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman «reválida», sustituirá a la actual Selectividad.
Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.
Además, el anteproyecto aumenta la capacidad del Ministerio de Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen. Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales –Matemáticas, Lengua e Inglés–.
En cuanto a la FP, prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior.
Una ley de 400 millones de euros
Sobre la memoria económica, si bien Wert dijo al presentar el anteproyecto que tendría un coste «nulo» de implementación y para su consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros, en enero de este año concretó que el Estado asumiría costes directos por importe de 408 millones de euros –23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero–.
Las comunidades, según dijo entonces, asumirán los gastos de consolidación, que variarán en función del «éxito» en términos de abandono escolar de la reforma. Tanto el Consejo Escolar como el Consejo de Estado advirtieron de la necesidad de dotar de medios suficientes a ley.