Ya lo advirtió el viernes pasado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «La ley se va aprobar manteniendo los pilares fundamentales inicialmente previstos». Dicho y hecho. Ni la huelga general de Educación que se celebró la semana pasada, ni las múltiples mareas verdes que se propagan casi diariamente por las calles españolas han hecho desfallecer al Ejecutivo ‘popular’ en su empeño inicial: «Remodelar urgentemente el sistema educativo español», según han repetido hasta la saciedad la portavoz gubernamental y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, este viernes durante la presentación del proyecto de ley de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Después de ocho meses de negociaciones, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una de las leyes más controvertidas de esta legislatura. De hecho, pasa a su tramitación y discusión en las Cortes Generales con la calle en pie de guerra.
Pocas sorpresas hemos recibido parte del Gobierno en esta materia, pero alguna hay. El nuevo texto normativo mantiene las líneas generales del anteproyecto, como el nuevo reparto de competencias entre el Gobierno y las autonomías para diseñar los contenidos escolares, el adelanto de itinerarios hacia la FP o las famosas reválidas -que Wert se ha esforzado en dignificar-; pero lo cierto es que también introduce pequeños cambios. ¿El principal motivo? cumplir con algunas de las objeciones que el dictamen del Consejo de Estado puso a la norma.
En este sentido, el Gobierno ha presentado dos novedades reseñables. En primer lugar, y tal y como ha adelantado el ministro, a partir del próximo curso, la asignatura de Religión contará igual que el resto de materias -las que el Ejecutivo ha tildado de «instrumentales»- y servirá para pedir ayudas y becas. Una importante novedad teniendo en cuenta que con la LOE ni era evaluable al final de curso ni servía para pedir becas. «Será evaluable pero no será objeto de evaluaciones nacionales», ha sido la explicación de Wert a este respecto. Es decir, cada año contarán para la media global, pero en las tres pruebas finales que el Ejecutivo dispone con esta nueva normativa al final de cada ciclo -las llamadas reválidas- no se incluirá. Además, la asignatura de Religión deja de ser excluyente. Es decir, hasta el momento, el alumno debía elegir entre cursar esta asignatura o su alternativa -que con la nueva ley pasa a denominarse Valores Culturales y Sociales-. Ahora, esto dejará de ser así. Ambas asignaturas pasan a ser optativas, de tal forma que un alumno que se matricule en Religión podrá también aprender valores culturales y sociales, sin que una asignatura discrimine a la otra. Y por lo tanto, ambas contarán para hacer media y pedir ayudas y becas.
Y en segundo lugar, se garantiza el derecho de todos los españoles a elegir el castellano como lengua vehicular en su educación. Éste siempre fue uno de los asuntos más polémicos de la normativa. Y el Gobierno parece haber encontrado la solución: adelantará el dinero para pagar a los colegios privados donde se matricularán los alumnos que no encuentren otra opción de estudios con más clases en castellano. Pero finalmente será la comunidad autónoma de turno la que deberá hacerse cargo de este coste, puesto que el Ejecutivo lo retirará de las transferencias presupuestarias. Eso sí, los padres que quieran optar por esta enseñanza tendrán que iniciar un procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección Educativa donde demostrarán que no tienen otras posibilidades. ¿La justificación de este mecanismo que el ministro ha denominado «excepcional y transitorio»? cumplir con todas aquellas sentencias judiciales que han insistido en el derecho que tienen todos los españoles de elegir la lengua cooficial en la que estudiar, independientemente del territorio al que pertenezca. ¿Cómo piensa hacerlo? reservando cinco millones de euros de la memoria presupuestaria de la ley para cubrir la escolarización de unos 1.000 potenciales alumnos que solicitaran más clases en castellano en esta comunidad. Por el momento, se ha dado la circunstancia de que en Cataluña -como claro ejemplo de región afectada por esta novedad- el curso pasado solicitaron la enseñanza en castellano sólo 17 familias.
Educación para la ciudadanía y segregación por sexo
Ahora bien, el Ejecutivo sólo ha atendido a las observaciones hechas por el Consejo de Estado que le ha interesado. En este sentido, también hay dos puntos importantes a destacar. Por un lado, la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía desaparece. Era una de las batallas en materia educativa más importante del PP cuando estaba en la oposición. Pese al dictamen elaborado por la institución presidida por José Manuel Romay Beccaría de que la nueva opción llamada «Valores culturales y sociales» no era suficiente como reemplazo, la asignatura se elimina de un plumazo. El Ejecutivo mantiene que sus contenidos están integrados ya en otras partes del currículo, pero habrá que ver cómo lo resuelve. Y por otro lado, se blindan las subvenciones a los colegios que separan por sexo. Eso sí, Educación ha introducido una cláusula por la que los centros segregados deben garantizar que la educación no es diferenciada en el contenido, sino que las clases que se imparten son iguales para los dos sexos.
Este viernes, el Gobierno del PP ha aprobado la séptima reforma educativa de nuestra democracia. En un principio lo hará solo, no parece que ningún grupo de la oposición esté por la labor de ofrecer su apoyo, aunque el discurso empleado sigue siendo el del diálogo. Se considera suficientemente legitimado para hacer estos cambios, y no sólo eso, sino que ve «muchos motivos»: una tasa de abandono escolar del 24,9% que dobla a la del resto de países de la Unión Europea, una tasa de alumnos repetidores muy elevada, una tasa de desempleo juvenil que supera el 57%, un 23,7% de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan y unos resultados académicos que se alejan de los puestos de cabeza de los países desarrollados.