Cuatro días después de la reaparición televisiva del expresidente del Gobierno, José María Aznar, sus controvertidas palabras y sus polémicas críticas al actual Ejecutivo ‘popular’ siguen centrando el debate político. Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tenido que volver a enfrentarse en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la múltiples preguntas dirigidas a este respecto. ¿Considera desleal la actuación del expresidente? ¿Qué hay detrás de las palabras de Aznar, sólo el descontento de un sector de los votantes o también existen motivos personales? ¿Qué piensa de que el presidente del Honor del PP crea que el Gobierno no tiene un proyecto claro? Es más, ¿qué piensa de la actitud de Zapatero que ha dicho que él nunca criticaría a un presidente porque perjudicaría a la marca España? La respuesta a todas ellas, la misma que defendió el miércoles pasado en los pasillos del Congreso de los Diputados: «Respeto las opiniones de todas las personas».
Su actitud en todo momento ha pretendido seguir la estrategia desplegada por Moncloa, y más concretamente por el propio presidente del Gobierno: no entrar al trapo. «No van a encontrarme nunca en la polémica, y menos aún con Aznar», llegó a decir Mariano Rajoy, este miércoles desde Bruselas. Bastantes retos tiene por delante el Gobierno, piensa el Ejecutivo, como para iniciar una guerra paralela de declaraciones. Eso sí, si la pregunta lo merece, ni el presidente, ni en este caso la vicepresidenta desaprovechan la oportunidad que les brinda una comparecencia pública para desplegar sus armas de defensa. El Ejecutivo insiste en que no son respuestas directas a nadie. Pero de lo que no cabe duda es que son veledas. El miércoles pasado, el presidente del Gobierno lanzó un claro aviso a navegantes: No habrá cambio de rumbo. La política económica del Gobierno ‘popular’ ya está dando resultados positivos. Y este viernes, ‘su número dos’ ha hecho lo propio: «La mejor manera de responder no es con palabras, sino con hechos», ha respodido Santamaría cuando se le ha preguntado por si se sentía identificada con las críticas de Aznar que acusaba al Gobierno de una «resignación lánguida».
Después de cuatro preguntas sobre la misma cuestión, la vicepresidenta ha acabado contestando a las provocaciones. Más hechos y menos palabras ha venido a ser la recomendación -velada, eso sí- que la portavoz gubernamental ha lanzado al expresidente de vuelta. Y para argumentarla ha puesto al actual Ejecutivo y su nueva Ley de Emprendedores de ejemplo de buen que hacer. Ejemplo que le ha valido para dar respuesta a dos de las críticas más importantes de Aznar: los impuestos y la falta de proyecto. Sobre la controvertida cuestión impositiva, Santamaría se ha remitido a las palabras de Montoro en el Congreso, cuando dijo que las «añoranzas y melancolías» se las dejaba para otro día y le recordó a Aznar que sus bajadas de impuestos se hicieron cuando el país crecía a un ritmo del 3% y del 4%. Pero también la ha completado: «Vengo de hablar de un cambio impositivo. La nueva Ley de Emprendedores es un paso importante, puesto que plantea deducciones fiscales que tienen por objetivo el crecimiento económico, la creación de empleo y favorecer la investigación».
El Gobierno sigue insistiendo en privado en que la situación con la que se encontró tras las elecciones generales de 2011 fue muy difícil y que su responsabilidad es gobernar. Pero de lo que no cabe duda es que huye despavorido de una posible guerra con Aznar. Tanto es así, que si tiene oportunidad de defenderlo, lo hace. De hecho, es lo que este viernes ha hecho cuando se le ha preguntado por el fichaje del expresidente en DLA Piper, el mayor despacho de abogados del mundo por facturación y número de profesionales, y que curiosamente recibió en 2003 1,6 millones de euros -de las arcas públicas españolas- para difundir la imagen de Aznar en EEUU y lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso estadounidense. La vicepresidenta podía haber eludido constetar sobre esta cuestión como ha hecho en infinidad de ocasiones, pero sin embargo ha preferido dar la cara y remitirse a la ley de incompatibilidades para dejar constancia de que se trata de un movimiento totalmente legítimo. En este sentido, la vicepresidenta ha descartado acotaciones de la Ley de Transparencia en este sentido y se ha remitido al consenso parlamentario para dirimir una cuestión que ya se antoja histórica: quitar la pensión vitalicia a los expresidentes que trabajen en el sector privado.
Así pues, Santamaría tampoco ha querido adelantar si asistirá o no el próximo lunes al Congreso de los Diputados donde está previsto que José María Aznar, como máximo dirigente de FAES, presente las biografías de Cánovas, Maura y Silvela. El acto de clausura correrá a cago del presidente de la Cámara, Jesús Posada, pero aún se desconoce si asistirá algún representante del Gobierno. «La agenda del Gobierno la hace pública la secretaría de Estado de Comunicación, no quiero yo adelantarme», ha concluido la vicepresidenta a este respecto.
Elsa S. Vejo