2003
26 de mayo: El Yakovlev 42 se estrella cerca del aeropuerto de Trebisonda (Turquía) y causa la muerte de 75 personas, entre las que se encuentran 62 militares españoles que volvían de una misión en Afganistán.
28 de mayo: Funeral por los militares fallecidos en la base madrileña de Torrejón.
31 de octubre: La Asociación de Familias de Víctimas presenta una denuncia en la Audiencia Nacional.
13 de noviembre: La juez Teresa Palacios rechaza la demanda alegando que los hechos se produjeron fuera de España.
2004
25 de junio: Se comprueban al menos 22 errores en la identificación de los militares fallecidos.
15 de julio: La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declara la competencia de este tribunal para la investigación del accidente.
1 de septiembre: El Instituto Nacional de Toxicología declara erróneas las 30 identificaciones realizadas por el equipo médico español.
3 de septiembre: El Tribunal Supremo archiva dos querellas contra el exministro de Defensa, Federico Trillo, al considerar que ya se sigue una causa penal por el accidente en la Audiencia Nacional.
15 de noviembre: El jefe del equipo médico que firmó las identificaciones de las víctimas, el general Vicente Navarro, asume ante la juez toda la responsabilidad de las identificaciones.
2005
11 de enero: El forense de la Audiencia Nacional identifica los cadáveres de los 62 fallecidos españoles.
27 de enero: Los familiares de 21 de los fallecidos cuyos restos fueron mal identificados recogen sus restos y celebran una misa-funeral en el cementerio de la Almudena (Madrid).
18 de noviembre: El informe final de la Comisión Internacional de Investigación revela que las causas del siniestro fueron el cansancio de la tripulación y deficiencias en el mantenimiento del avión.
2006
10 de febrero. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza condena a las tres empresas responsables del vuelo del Yak-42 (Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), Chapman Freeborn y BusinJoint-Stock Insurance) a indemnizar a los familiares de los fallecidos.
2007
1 de junio: El juez Fernando Grande-Marlaska archiva la investigación relativa a las presuntas irregularidades en la contratación del avión, aunque mantiene abierta la causa que investiga los supuestos errores en la identificación de los cadáveres.
22 de noviembre: Grande-Marlaska archiva también la causa relativa a las irregularidades en las identificaciones. El fiscal y la Asociación de Familiares recurren el archivo.
2008
22 de enero: La sala de lo penal de la Audiencia Nacional obliga al juez a reabrir la investigación sobre la identificación de los cadáveres.
24 de enero: Grande Marlaska cita a los exministros de Defensa Federico Trillo y José Bono a declarar como testigos.
17 de marzo: En su declaración por escrito, Trillo sostiene que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación del avión porque esa tarea corresponde al Estado Mayor de la Defensa; por lo que el entonces presidente del Gobierno José María Aznar le pidió que siguiera en su cargo cuando le mostró su disposición a dimitir.
14 de abril: José Bono declara ante el juez que «probablemente» alguna de las 18 quejas sobre fallos en la seguridad de los vuelos contratados para el traslado de tropas que recibió el Estado Mayor de la Defensa llegara al gabinete de Trillo.
19 de mayo: La Fiscalía de la Audiencia Nacional imputa a cinco ex altos cargos del Ministerio de Defensa.
23 de mayo: El juez decide no imputar a Federico Trillo al no encontrar indicios contra él.
8 de julio: Grande-Marlaska dicta la apertura del juicio oral de la causa sobre la identificación de los militares fallecidos.
2009
11 de marzo: La Audiencia Nacional rechaza la comparecencia como testigos de José María Aznar, Federico Trillo y José Bono en el juicio.
24 de marzo: Comienza el juicio por las identificaciones erróneas de los españoles fallecidos en el accidente del Yak -42, con tres militares en el banquillo: el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, para los que se piden penas de hasta 5 años de cárcel.
2010
23 de marzo: La Audiencia Nacional decide no ampliar la lista de imputados por el accidente, entre ellos el exministro en el momento de la catástrofe Federico Trillo, y otros mandos militares.
2011
29 de marzo: El juez Grande-Marlaska reactiva la investigación, a punto de cumplirse el octavo aniversario, e imputa a un sexto militar por 62 homicidios imprudentes. A petición de acusación y familias se imputa al teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace del Estado Mayor Conjunto en la agencia NAMSA de la OTAN entre los años 2002 y 2003.