El presidente del Grupo Azvi, Manuel Contreras Caro, ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber realizado pagos al Partido Popular (PP), aunque ha reconocido que su empresa patrocinó foros y actos a los que acudían líderes políticos, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. Contreras Caro, que ha declarado durante apenas diez minutos como imputado en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, ha señalado que el único dirigente de la formación al que conocía era el expresidente de la organización en Andalucía Javier Arenas.
Durante el interrogatorio, el empresario ha contestado a las preguntas que le han formulado el juez Ruz y el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral y se ha negado a responder a las acusaciones populares personadas en la causa, que ejercen, entre otros cargos, Izquierda Unida (IU) y el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE).
Los responsables del Grupo Azvi, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, entregaron al PP un total de 858.000 euros, según consta en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
La empresa, en concreto, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos ‘populares’, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que obra en la causa.
Contabilidad B del PP
El juez Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B del PP en una pieza separada del ‘caso Gürtel’, interroga esta semana a nueve donantes que aparecen en los papeles, entre ellos ocho constructores y el presunto número dos de la trama de Francisco Correa, Pablo Crespo.
Los donantes, según el citado informe de la UDEF, recibieron en conjunto más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administrciones gobernadas por el PP.
Este informe detalla la existencia de «19 donantes identificados», entre los que se encuentran los nueve imputados. De ellos, 16 habrían realizado aportaciones que en 21 ocasiones fueron superiores al límite legal de 60.000 euros contemplado hasta 2007 por la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la UDEF apreciaba «una continuidad en las aportaciones» durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe «una concentración (de aportaciones) en un momento determinado» que suele coincidir con el de «mayor volumen de contratación».
Además de los anteriores, la UDEF identificaba como donantes del PP a los empresarios Juan José Roig (Mercadona), Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa) y Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).
Estrella Digital/EP