La obra del embalse de Yesa se comenzó en medio de graves acusaciones. Conviene recordar que en su día se denunció cómo algunos de los que fueron sus más firmes defensores, despreciando los informes que alertaban de riesgos y de impactos ecológicos y culturales, pudieron haberse visto favorecidos personalmente con las obras. Es el caso del que fue Director General de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, que tras su encarnecida defensa de la obra, que le costó incluso tener que verse ante la Justicia acusado de prevaricar, dejó su puesto y fue contratado por una de las empresas adjudicatarias del proyecto, la constructora ACS, de Florentino Pérez, que lo fichó como director de Contratación. También fue el caso del entonces Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho, del que se denunció que una empresa a la que habría estado ligado se benefició con contratos asociados a la obra.
Tras 8 años desde que se puso la primera piedra, las obras apenas han avanzado. Eso sí, la cantidad de dinero público que ha ido a parar a las empresas que trabajan en el «recrecimiento» de la presa, se ha disparado. Se adjudicó en 113 millones de euros y con los modificados realizados la cosa se ha ido ya a más de 376 millones de euros. ¿Es el embalse de Yesa un nuevoa eropuerto de Ciudad Real o Castellón, pero con el agravante de los posibles riesgos para vidas humanas? ¿Va a actuar alguien en este escandaloso disparate?
¿Qué cabe decir ahora con una desviación de presupuesto que superaría el 300%?
Eran tiempos en los que el Partido Popular, con toda la fuerza que le daba la mayoría absoluta obtenida en el año 2000, y con un Secretario de Estado de Aguas procedente de Iberdrola, empresa con grandes intereses hidroeléctricos, se lanzó a defender la realización de una serie de obras en el Pirineo. Se daba la circunstancia de que, impactos ecológicos a parte, algunas de ellas contaban con informes geológicos muy serios que alertaban de riesgos. Una de ellas era la de Itoiz,en el río Irati. Otra la del recrecimiento de Yesa, en el río Aragón. Y otra la de Santaliestra, en el río Ésera. Esta última, tras una lucha judicial feroz en la que llegó a pedirse muchos años de cárcel para cargos públicos como el Secretario de Estado de Aguas Benigno Blanco, o el ya citado Escartín, acabó siendo desestimada. Pero entre tanto, se denunció de todo, desde presiones a técnicos para que dieran luz «verde» a las obras, hasta cargos de prevaricación, falsedad documental o riesgo catastrófico.
Tras el proyecto, pesaba demasiado la sombra proyectada porel recuerdo de lo que sucedió décadas antes con la presa italiana de Vaiont. Allí, una ola gigante saltó sobre el muro de la presa cuando una ladera se deslizó sobre el agua embalsada. Resultado: 2.500 muertos.
Sin embargo, aún en el caso de Santaliestra, en el que los riesgos eran, si cabe, más evidentes que en los otros dos proyectos, la contumacia de los altos cargos, su empecinamiento en seguir adelante pese a los informes en contra e incluso pese a las posibles consecuencias judiciales, causó verdadero asombro.
Empecinamiento en seguir adelante pese a los informes en contra
En el caso de Yesa cabe preguntarse si para ahorrar riesgos y dinero no habría sido más barato no acometer las obras del recrecimiento. Con independencia de lo que pase, es decir, de si la presa acaba alguna vez causando una catástrofe o no, es evidente que la obra ya ha sido una catástrofe económica al menos ¿Es de recibo que se gaste dinero público una y otra vez, y más en los actuales momentos de crisis económica, en intentar corregir el peligro de unos deslizamientos que ya se alertó de que podrían producirse?
Si la rentabilidad de la obra era ya más que discutible cuando se diseñó. ¿Qué cabe decir ahora con una desviación de presupuesto que superaría el 300%? ¿Dónde están los estudios que justifiquen que ésa inversión va a ser rentable de alguna manera? ¿Van a actuar los jueces o alguien para poner freno a este pozo sin fondo de caudales públicos que además, como se ve, está generando serias inquietudes de seguridad?