La Audiencia Nacional ha rebajado de diez a cinco millones de euros la fianza que el juez Eloy Velasco impuso al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que investiga por llevar a cabo el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans con la intención de eludir el pago a sus acreedores.
En un auto notificado este martes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal justifica la rebaja de la fianza argumentando que han pasado cuatro meses desde que el tribunal decidió reducirla de 30 a diez millones y ésta aún no se ha satisfecho, lo que apunta a «una imposibilidad para prestarla».
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Hurtado, sostiene que «no suele ser infrecuente que, aunque formalmente no se detecten bienes», como defendía la defensa de Díaz Ferrán, que solicitó una fianza que no superase los 50.000 euros, «materialmente se ostenten».
«Díaz Ferrán pudo haber liquidado bienes de los que disponía a través de sociedades instrumentales y obtener recursos de ellos que ocultase con anterioridad a su encartamiento en esta causa», señala el auto antes de apuntar que los datos aportados por su defensa para defender su «insolvencia» no han sido «verificados en su totalidad».
Declaraciones incriminatorias
El tribunal tiene en cuenta la segunda declaración que realizó el ‘liquidador’ Ángel de Cabo el pasado 24 de abril, cuando relató que «al adquirir las empresas patrimoniales de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual ya se habían sacado sus bienes» y que para entonces Marsans ya estaba «vacía o arruinada».
También señala que, a pesar de que Díaz Ferrán cuestionó las declaraciones de los testigos José Vicente Semper y Jorge García Tellez, ambos testimonios contienen «suficientes elementos indiciarios» que ponen de relieve «la participación delictiva del recurrente».
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 rebajó en mayo pasado a tres millones de euros las fianzas de De Cabo y su número 2, Iván Losada, después de que ambos aportaran estos datos sobre Díaz Ferrán y aseguraron que se sentían «engañados» por el expresidente de la patronal.
Díaz Ferrán y De Cabo ingresaron en prisión el pasado 5 de diciembre de 2012 con sendas fianzas de 30 y 50 millones de euros. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rebajó en marzo pasado las cauciones a 15 y 10 millones de euros, respectivamente.
«Aparente insolvencia»
De la instrucción de este caso, denominado ‘Crucero’, se deduce que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo «una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial».
Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, «una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos».
A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de «testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros» tras ser asesorado por «personas de su confianza».