A la quinta va la vencida. Así ha sido como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,y el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo han presentado el nuevo proyecto de ley de Acción Exterior que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes. Después de 37 o 38 anteproyectos de ley discutidos a los largo de la democracia -ha recordado Margallo-, el Gobierno ‘popular’ ha decidido aprobar una nueva normativa, aún a tiempo de ser discutida y modificada en las Cortes, que ya ha despertado ciertas reticencias entre las comunidades históricas.
El pasado 1 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores ya tuvo la oportunidad de presentar el anteproyecto de ley, y entonces las reacciones no se hicieron esperar. En esta ocasión no será diferente. El Gobierno se reafirma en el proceder que a partir de ahora deberán de seguir las llamadas embajadas autonómicas: los presidentes autonómicos deberán informar de sus salidas al exterior y las comunidades autónomas que quieran abrir oficinas en el extranjero para promocionarse deberán consultar previamente al Gobierno. Y asegura que es «constitucional», tal y como lo ha determinado el Consejo de Estado. Es más, Margallo ha vuelto a utilizar su tiempo de intervención este viernes para defender esta posición.
Hace meses que el Ejecutivo de Artur Más, -el más reacio a este tipo de iniciativas- ya expuso abiertamente su oposición a lo que considera un intento del Gobierno de «tutelar» su actividad en el extranjero. El presidente de la Generalitat de Cataluña cree que él también puede hacer «política exterior» y que por ello no tiene que pedir ningún tipo de autorización ni para viajar ni para abrir oficinas en el extranjero. Algo con lo que el Ejecutivo en absoluto está de acuerdo. Tal y como ha recordado Margallo, la política exterior es competencia estatal y con el resto de oficinas y delegaciones autonómicas lo que tiene que existir «es colaboración y apoyo», pero siempre dirigida y supervisada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En este sentido, ha lanzado varias ‘recomendaciones’.
En primer lugar, Margallo ha explicado que con la Ley se les pide a las CCAA, cuando vayan a crear oficinas en el exterior, que informen al Ministerio y al Comité Ejecutivo de Política Exterior para que se les diga si hay «alternativas más baratas y eficientes». «Creo que es más sensato que aunamos esfuerzos, se instalen en las representaciones de España en el Exterior, lo que les permitirá ahorrar dinero y construir ambulatorios», ha señalado. Y en segundo lugar, ha señalado de manera muy poética, pero en clara referencia a Cataluña, que cree positivo que el Estado tenga «una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados». La crisis es un argumento al que el Gobierno recurre muy habitualmente cuando trata este tema en privado, pero lo cierto es que hasta el momento no se han planteado prohibir la apertura de nuevas oficinas por lo menos a aquellas Comunidades Autónomas que no cumplan con la estabilidad presupuestaria. Eso sí, el Ejecutivo ha advertido de que si las autonomías «desestiman la invitación» del Gobierno a no abrir dichas delegaciones, «se prevé, siguiendo el procedimiento de déficit excesivo en Europa, que se hará pública la recomendación y la contestación de la CCAA, para que los votantes y ciudadanos sepan por qué se ha desechado una opción de ese tipo». Es un tema sensible, y el Ejecutivo es consciente de ello.
No es un secreto para nadie el ferviente interés de Cataluña en su proyección internacional; y por ello el Ejecutivo central lleva varios meses reuniéndose con las Comunidades Autónomas. «Estoy seguro de que nos vamos a entender», ha señalado García-Margallo, puesto que el objetivo final es que la acción exterior no sea un sumatorio de actuaciones dispersas, sino una acción «conjunta y sinérgica». De esta manera, ha anunciado el ministro, será el Consejo de Política Exterior, con representación de todos los departamentos implicados, el que definirá una estrategia anual y un marco de referencia para cuatro años, cuya redacción se ha encargado al Real Instituto Elcano, ha apuntado García-Margallo. Documentos que serán completados con el plan director de cooperación -también cuatrienal- y con los informes de la Marca España.
No obstante, ¿no teme el Gobierno aumentar la tensión con Cataluña con esta Ley? Esta ha sido una de las preguntas formuladas este viernes. Después de los últimos conflictos con la Generalitat sobre el pacto fiscal, la declaración soberanista, el déficito y la Ley Wert, ésta podría ser interpretada como una piedra más en el camino. De puertas para dentro, el Ejecutivo nacional es consciente del malestar que generan este tipo de iniciativas en algunas comunidades. Aunque en esta ocasión, y de puertas para afuera, haya intentado calmar los ánimos: «Esta ley no debe suponer ningún aumento de la conflictividad sino todo lo contrario. Estamos ofreciendo apoyo y colaboración. Que el Gobierno ofrezca colaboración en la acción exterior es más de agradecer que de rechazar», ha concluido Margallo, que está seguro de que llegarán a un entendimiento.
Acuerdos con América Latina
Uno de los objetivos de esta nueva ley es reestructurar y ampliar la acción exterior de España en aquellos países donde aún no tiene mucha representación. Tal y como ha vuelto a poner en relieve el titular de Exteriores, «no es normal que España tenga 10 consulados en Francia, y 2 en India y 3 en China». Según Margallo, la configuración del mundo ha cambiado y hay que asumir la importancia estratégica de la región del Pacífico y de países como los BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
Según el Ejecutivo, los recursos empleados para este menester no aumentarán y por ello se están explorando alternativas. Una de ellas es incluir oficinas españolas en las delegaciones que la Unión Europea tiene desplegadas por el mundo, como se va a hacer en Sudán y Siria. Y otra es alcanzar acuerdos puntuales con algunos países de América Latina para compartir embajadas. Según el titular de Exteriores, España ya está en conversaciones con México.