La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echa el cierre, pero todavía no es un cierre definitivo. La licencia de explotación expira este sábado; y el secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Alberto Nadal, ha firmado la orden de «cese» de explotación, pero el Ejecutivo aún no se da por vencido. Tal y como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad», el Ministerio de Industria procederá a las modificaciones normativas que sean oportunas, «y si así fuera posible» reanudar su actividad en el futuro. Una orden ministerial de Industria, emitida en 2009, establece que la autorización de explotación de Garoña expira el día 6 de julio.
Así que en eso está el Gobierno, en cambiar la legislación vigente, pero el tiempo se le ha echado encima. La planta lleva sin producir electricidad desde el pasado 28 de diciembre de 2012, debido a la entrada en vigor de un nuevo impuesto al combustible nuclear. Entonces, Nuclenor, propietaria de Garoña, decidió dejar de operar al considerar que este impuesto le supondría un coste adicional «inasumible». No obstante, el Ejecutivo ‘popular’ nunca ha cesado en su intento de revertir esta decisión y desde hace meses lleva trabajando con la nuclear para encontrar una solución. Fruto de estas negociaciones, Nuclenor solicitó el pasado mes de mayo un nuevo plazo para poder evaluar si pedía una prórroga de su vida útil. Al final, el Consejo de Seguridad Nuclear avaló dicha posibilidad, pero los plazos legales han impedido modificar la orden ministerial que habría permitido a Nucleor solicitar dicha prórroga.
«Es un procedimiento administrativo iniciado hace meses; que el Ministerio tenía que concluir antes del 6 de julio», ha recordado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, de cuyas palabras y actitud se desprende la oposición firme del Ejecutivo ‘popular’ a que se produzca el cierre definitivo. Oposición que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nunca ha ocultado públicamente y de la que en 2009 ya hizo suficiente gala. Tanto es así, que tras su visita a las instalaciones de la central por aquel entonces, Rajoy mantuvo un encuentro en el Ayuntamiento de Quintana Martín Galíndez con los alcaldes de los municipios afectados por el cierre y les prometió que, en caso de hacerse con la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 20N, revocaría la decisión del Ministerio de Industria.