Hace un año fue la prima de riesgo y éste Luis Bárcenas. El caso es no tener un verano tranquilo. Esto es lo que debe de pensar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que desde que llegó a La Moncloa, el 11 de noviembre de 2011, no ha dejado de enfrentarse a fantasmas. Unos puede que heredados, pero otros, -como el que le acecha desde principios de año- de su única responsabilidad. Él, y nadie más que él, fue el que decidió que Luis Bárcenas, hasta el momento gerente del Partido Popular, se convirtiera en 2008 en tesorero de la formación. Él, y nadie más que él, fue el que un año más tarde -cuando se descubrió la implicación del exsenador en la trama Gürtel- dijo aquella célebre frase de «nadie podrá probar que no es inocente». Y él, y nadie más que él, ha sido -tal y como demuestra la última exclusiva del diario El Mundo- el que durante los últimos meses se ha intercambiado SMS con el extesorero para calmar los ánimos. Ánimos de ése al que nunca más ha querido nombrar en público, aunque hoy ya sabemos que en privado todo era diferente.
Las acusaciones vertidas, por el momento en cuarentena puesto que no han sido probadas, están provocando un cisma político en nuestro país de dimensiones desconocidas hasta el momento. La simple sospecha de que el partido que actualmente sustenta al Gobierno se haya financiado ilegalmente durante las últimas dos décadas y que el presidente de la formación, hoy líder del Ejecutivo, pueda haber recibido sobresueldos ilegales han echo saltar las alarmas no sólo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, donde ya se habla de una posible «caída del Gobierno». El Ejecutivo sigue insistiendo en que la «estabilidad política» está garantizada con la mayoría absoluta conservadora, aunque la presión que en las últimas horas está ejerciendo la oposición, unida a la mala imagen que se está proyectando hacia el exterior y las cada vez más profusas amenazas que siguen llegando desde Soto del Real -cárcel donde se encuentra Bárcenas-, exigen de una respuesta del presidente. Respuesta que incluso un importante sector de los ‘populares’ ya está reclamando.
La comparecencia que ofreció Rajoy el pasado lunes desde La Moncloa no ha surtido efecto. La pregunta supuestamente pactada con el ABC y la respuesta medida al milímetro por su equipo -equiparando su figura a la del Estado de Derecho, como garante de no haber cedido al chantaje- no ha sido suficiente. Los principales partidos de la oposición hablan de tres opciones: dimisión, moción de censura y explicaciones en el Parlamento. La primera de ellas ya ha sido descartada por el propio presidente del Gobierno que ha asegurado que cumplirá su mandato. Las otras dos opciones aún se están discutiendo.
En este último mes ya se han registrado en el Congreso y en el Senado sendas peticiones de comparecencia del líder del Ejecutivo por el ‘caso Bárcenas’ y las dos han sido tumbadas por la mayoría absoluta de los ‘populares’. Pocos, por no decir ninguno, son los instrumentos parlamentarios con los que cuenta la oposición para obligar al Gobierno a responder por esta cuestión en sede parlamentaria antes de septiembre; así que el PSOE ha decidido quemar su último cartucho: amenazar con presentar una moción de censura. Una opción que el PP siempre había descartado por considerar que era un suicidio político para Rubalcaba. «No se atreven», decía este martes a primera hora el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando. Pero, «no había muchas más opciones», se justifican los socialistas. A las dos de la tarde de este martes, el secretario general del PSOE lanzaba su ultimátum: o el PP acepta que el presidente comparezca en el Congreso o se presentará una moción de censura.
En un primer momento, y en caliente, los ‘populares’ retaron a los socialistas a hacerlo. No había miedo. Su situación de mayoría absoluta y la debilidad de la oposición, encabezada por un PSOE inmerso también en un importante caso de corrupción como el de los ERE de Andalucía, les daba una clara ventaja. Pero visto en frío el escenario que se producirá en las próximas semanas, la opción de dejar que la amenaza de la moción se materialice ya no parece la más inteligente. Existe un miedo atroz en Moncloa y en Génova a que la imagen de «inestabilidad» siga propagándose en la prensa internacional, y un cuestionamiento en el Parlamento -por mucho que este pueda perjudicar a Rubalcaba-, no parece la mejor fórmula.
En las últimas horas, un importante número de ‘populares’ ya ha comenzado a barajar la comparecencia de Rajoy en el Congreso como la opción menos mala. Ahora queda por determinar la fórmula. Tal y como recordaba el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, hasta el 24 de julio -cuando se celebra la próxima Diputación Permanente- tienen tiempo para tomar una decisión. Parece que la opción de una Pleno monográfico sobre esta cuestión está descartada, y que la propuesta que hará el PP la próxima semana será la de una sesión de control al Gobierno extraordinaria. ¿El problema? los tiempos. Mientras que el monográfico permitiría a la oposición explayarse en condiciones sobre esta cuestión, la sesión de control al Gobierno acotaría el interrogatorio de Rajoy a 15 minutos, 5 minutos por cada una de las preguntas que se le podría preguntar al respecto.
No obstante, por el momento todos son especulaciones. El PSOE, por su parte, sigue con sus negociaciones paralelas, manteniendo contacto con todos los portavoces parlamentarios para ver sus opciones en el caso de que no le quede más remedio que presentar la moción de censura. El 24 será la fecha límite. Ése día, el PP deberá de ir con un decisión tomada. Y Rajoy será el que tenga la última palabra: o da la cara en el Congreso o seguirá alimentando los demonios que hablan de una crisis política e institucional en España, cuyas consecuencias a corto plazo en el ámbito económico podrían ser devastadoras.