Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) obliga a la sanidad pública del Principado a facilitar la reproducción asistida a una lesbiana a la que denegó un tratamiento de fertilidad.
La afectada, Silvia García, recibirá además los 7.723 euros que gastó por su tratamiento en la sanidad privada, a la que tuvo que acudir ante la negativa de la sanidad pública asturiana.
Según ha informado la propia afectada, tras un largo periplo judicial, el Tribunal estableció que la Constitución ampara el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo.
Así, el Tribunal entiende que la ausencia de factor masculino no puede excluirse de los casos de esterilidad, puesto que, de lo contrario, se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación.
Fuentes de la Conserjería de Sanidad del Principado han confirmado a Europa Press que la sentencia se dictó el pasado mes de abril y han asegurado que el Gobierno autonómico cumplirá lo dictado por el Tribunal.
Además, han adelantado que, en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo martes, Asturias se posicionará a favor de que las mujeres solteras y las lesbianas formen parte de la cartera común básica de servicios asistenciales de reproducción humana asistida (RHA).
El borrador presentado por el Ministerio de Sanidad al grupo de trabajo de esta cartera incluye dentro de sus criterios de inclusión solo a parejas integradas por mujer menor de 40 años y hombre menor de 55 años, lo que deja fuera de los mismos a mujeres solteras y parejas de dos mujeres.
Según se desprende del borrador, los otros dos criterios de inclusión hacen mención también únicamente a parejas, señalando que para su acceso estas no deben tener un hijo común previo y sano y que la mujer no debe presentar algún tipo de patología en la que el embarazo pueda entrañarle un grave e incontrolable riesgo, tanto para su salud como para la de su posible descendencia.
A pesar de la propuesta, fuentes de Sanidad han recordado que se trata un borrador que se elevará a las comunidades autónomas en Consejo Interterritorial del Sanidad del 23 de julio, y, por tanto, cualquier decisión saldrá tras el debate en dicho foro.