El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado este martes el embargo de las cuentas bancarias en España, con un saldo de más de 700.000 euros, y de los bienes inmuebles del extesorero del PP Luis Bárcenas, después de que haya transcurrido el plazo fijado para que depositara la fianza por responsabilidad civil por importe de 43,2 millones de euros impuesta al exgerente ‘popular’.
El magistrado ha calculado el saldo de los depósitos del extesorero sin incluir otras cuentas de las que dispone en la entidad Caixa Bank, detectadas en los últimos días y que están aún pendientes de su valoración final.
El juez embarga en concreto su domicilio en la calle Príncipe de Vergara y su plaza de aparcamiento en Madrid, una vivienda en el barrio de Peñagrande, y el cincuenta por ciento de otra unifamiliar en el municipio de Naut Aran (Lleida) cercano a la estación de esquí de Baqueira Beret junto con dos plazas de garaje, todo ello sin perjuicio de las restantes medidas de bloqueo sobre el resto de cuentas bancarias de las que dispone en el extranjero.
Ruz ha ordenado el embargo sin que el extesorero o su defensa haya designado al Juzgado los bienes de los que dispone. El magistrado dio al imputado la pasada semana tres días para que procediera a aportar un listado de sus propiedades.
El pasado viernes, Ruz rechazó el curso de reforma en el que la defensa del exsenador popular reprochaba al magistrado un afán de lucro «indebido y desmedido» por la imposición de un recargo de un 25 por ciento de la cantidad defraudada en concepto de intereses.
En su auto, el juez Central de Instrucción número 5 rechazaba todas las alegaciones de la defensa, negando la prescripción de los delitos fiscales imputados a Bárcenas y también la improcedencia de la cantidad correspondiente a 2006, que se le impone como cooperador necesario en el delito fiscal de su esposa, la también imputada en la causa Rosalía Iglesias.
El magistrado rechazaba asimismo acceder a la reducción de la fianza solicitada, lo que había sido solicitado por la defensa de Bárcenas con carácter subsidiario.
Respecto del recargo por intereses, explicaba que se había limitado a hacer suyo el cálculo provisional y cautelar efectuado por Hacienda para la fijación de la fianza, y que responde a los intereses de «asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva puedan declararse competentes».