Ante las medidas anunciadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa ofrecida tras el último Consejo de Ministros, las Asociaciones de Bebés Robados han vuelto a dejar en evidencia el desamparo en el que están sumidos por el Estado.
Sáenz de Santamaría anunció este viernes que el anteproyecto de ley de medidas de reforma de la Administración incluirá medidas para reforzar los mecanismos de identificación de los recién nacidos.
Las Asociaciones consideran que las medidas anunciadas por la vicepresidenta «llegan con décadas de retraso», y recuerdan que ya en el año 1987, una ley de modificación del Código Civil, la 21/87, reconocía en su preámbulo «el odioso tráfico de niños».
Asimismo, han recordado al Gobierno que su deber es el de poner toda la aparatología de la que dispone para buscar a los bebés sustraídos al nacer y colocados bajo identidades falsas (en muchas de las ocasiones) a otras familias que previamente habían pagado por ellos, de forma consciente o inconsciente.
Las Asociaciones han denunciado la falta de rigurosidad por falta del Estado en las investigaciones realizadas, en «bochornosa» evidencia desde la reciente visita por parte del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas, perteneciente al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual en su avance de conclusiones recuerda al Estado su deber y obligación de buscar a los desaparecidos. Por ello, exigen una investigación exhaustiva y hasta las últimas consecuencias para encontrar a los desaparecidos sean vivos o muertos, de cada una de las denuncias formuladas por miles de familias. Además, han reiterado la petición de condición de víctimas por parte del Estado Español.
Por último, han querido aclarar también que la «alarma social» a la que se ha referido la vicepresidenta no es tal, ya que estas redes dedicadas al robo de niños han existido a lo ancho y largo de España.