El Gobierno vuelve a mostrarse exultante. Tal y como ha asegurado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al término del Consejo de Ministro de este viernes, el Ejecutivo ‘popular’, en lo que lleva de legislatura, ha logrado recaudar 22.500 millones de euros gracias a la lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social puesto en marcha por el Ejecutivo nada más aterrizar en La Moncloa y percibir importantes irregularidades en el sistema de recaudación. Según ha explicado la portavoz gubernamental en la rueda de prensa posterior, 16.500 millones proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Importantes datos a los que habría que sumar, según ha insistido en varias ocasiones Santamaría, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la amnistía fiscal, y en 87.700 millones, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero, que hicieron 131.411 contribuyentes desde enero de 2012 hasta junio de 2013.
Así pues, la vicepresidenta no ha desaprovechado la oportunidad de volver a repasar algunos de los cambios introducidos por el Gobierno para mejorar la lucha contra el fraude: la firma de nuevos convenios, la reforma del Código Penal o el aumento de efectivos de la Agencia Tributaria destinados a este fin, son algunos de los más destacados. Además, la portavoz gubernamental ha presumido de que los ingresos generados por la lucha contra el fraude aumentaron un 10,8% el año pasado. «Las cifras merecen una valoración muy positiva», ha concluido Santamaría, a la que no le ha quedado más remedio que confirmar, tras la presión ejercida por los periodistas, que la recaudación este año será menor, aunque las expectativas -según la vicepresidenta- se hayan superado en 2013.
No obstante, el dato que más expectación ha levantado este viernes es el que hace referencia a empleo. Según ha anunciado el Gobierno, se han detectado más de medio millón de «falsos» parados, lo que ha permitido ahorrar 3.161 millones de euros. Al principio, el dato ha generado bastante revuelo entre los periodistas asistentes, puesto que ha resultado excesivamente elevado. No obstante, y tal y como han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Empleo, se trataría de perceptores de prestaciones contributivas de desempleo, el subsidio de paro y la Renta Activa de Inserción (RAI) que no tenían derecho a la prestación por incumplimiento de requisitos o falta de disponibilidad para el empleo, entre otras cosas.
Según datos del Departamento dirigido por Fátima Báñez, los beneficiarios de prestaciones registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045. De la misma forma, se han desarrollado actuaciones para frenar el fraude en otro tipo de prestaciones, como las de discapacidad o Incapacidad Temporal (IT), que han generado un ahorro de 408 millones. Además, se han detectado actividades no declaradas a la Seguridad Social por valor de 1.714 millones. Las inspecciones a empresas ficticias, por su parte, han sumado 35.761 procesos y han generado 557 millones.