La polémica desatada el pasado viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se habían analizado las cifras de lucha contra el fraude fiscal y laboral, aseguró que entre enero de 2012 y junio de 2013 se había descubierto a 520.000 falsos parados que cobraban de manera fraudulenta el seguro de desempleo ha irrumpido con fuerza este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Entonces, el alboroto montado en torno a este dato no fue pequeño, puesto que ni los periodistas presentes en la sala durante el anuncio podían creer que casi el 20% de los desempleados (teniendo en cuenta que en España cobran prestación 2,9 millones de personas) pudieran estar defraudando a la seguridad social. La polvareda levantada a este respecto fue bien densa, así que unas horas después, al Ministerio de Trabajo no le quedó más remedio que aclarar las cifras. Según aclaró el departamento dirigido por Fátima Báñez, el dato esgrimido por Santamaría suma a la retirada de prestaciones por fraude también las suspensiones temporales por no renovar la demanda o no comunicar a los servicios de empleo una salida al extranjero, por ejemplo.
«Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en b. Pues se han investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo y se ha ahorrado al contribuyente más de 3.000 millones de euros», insistió hasta en tres ocasiones la vicepresidenta, señalando que era lo «más llamativo» de todo el informe. No obstante, la declaración no se ajusta a la realidad, puesto que el dato que maneja Empleo a este respecto es que en el primer semestre de este año sólo se detectaron 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo. Una cifra diez veces inferior a la publicitada por la vicepresidenta de manera triunfalista.
Así que las reacciones políticas a este respecto tampoco se hicieron esperar. Tanto los socialistas como La Izquierda Plural llevan desde el pasado viernes reclamando una disculpa pública de la vicepresidenta «por difamar a los parados». Y este miércoles lo han formalizado en el Parlamento Nacional. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha dado la oportunidad a la vicepresidenta del Gobierno de aclarar estos datos y disculparse por sus «falsas acusaciones a los desempleados», pero Sáenz de Santamaría se ha negado. Ni se ha disculpado, ni mucho menos ha rectificado el dato. Lo único que ha hecho ha sido modular el lenguaje en su respuesta, y en esta ocasión en vez de hablar del dinero en B cobrado por los desempleados o de fraude propiamente dicho, ha preferido hablar de «sanciones». «Este Gobierno no acusa. Cumple y hace cumplir la ley, lucha contra el fraude». Ésta ha sido la única explicación ofrecida al respecto.
El resto han sido acusaciones directas a la bancada socialista. Y para ello ha vuelto a recurrir al ya tan habitual en este tipo de debates parlamentarios del ‘y tú más’. En primer lugar, y ante la ausencia de respuesta, Rodríguez intentó presionar a la vicepresidenta afeando que acusara a los trabajadores de cobrar en B cuando dirigentes de su propio partido lo han estado haciendo compatibilizando sueldos «del Congreso y de la formación». Acusación que ha valido a Santamaría para saltar directa a la yugular del PSOE. En su respuesta, cargada de munición, no sólo ha desautorizado a los socialistas a hablar de fraude laboral –»cuando vosotros habéis protagonizado el más grave de toda nuestra historia», ha recordado la vicepresidenta en referencia al caso de los ERE de Andalucía–, sino que también ha arremetido contra el exministro de Empleo y hoy diputado socialista Valeriano Gómez al recordar unas supuestas declaraciones que hizo en julio de 2011 en las que señaló que el 25% de los parados españoles estaban defraudando.
Una acusación que ha incendiado a la bancada socialista, que inmediatamente ha pedido por alusiones el turno de palabra para Gómez para desmentir a la vicepresienta. El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, haciendo uso del reglamento ha emplazado este turno de réplica para el final de la sesión de control al Gobierno, lo que ha enfadado aún más a los socialistas que a partir de ese momento han encabezado todas sus intervenciones dejando claro que las acusaciones de Santamaría a Valeriano Gómez no eran ciertas. Ya al final de la ronda de preguntas al Ejecutivo, y cuando la vicepresidenta ya no estaba presente en el Hemiciclo, Posada ha dado el turno de palabra a Gómez, en el que no sólo ha negado que él hiciera esas declaraciones, sino que también ha afeado la actitud de Santamaría de no querer rectificar ni pedir perdón a todos los miles de parados que han sido «difamados» por el Gobierno de Mariano Rajoy.