El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado ante el Pleno del Congreso el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la conocida reforma local, que llega a las Cortes tras una larga «gestación» y retiradas de su articulado varias cuestiones que suscitaron gran polémica, como el coste estándar, ha admitido el ministro. El ministro ha abierto el debate de esta ley, al que asisten como invitados un buen número de alcaldes de todo el país, entre ellos Ana Botella (Madrid), Rita Barberá (Valencia), Abel Caballero (Vigo) e Iñigo de la Serna (Santander), estos dos últimos, vicepresidente segundo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Cristóbal Montoro ha calificado la postura del Gobierno en el largo proceso de redacción de la ley de «transparente y dialogante», lo que ha dado pie a importantes cambios en asuntos que causaban «preocupación», ha dicho.
Entre ellos, el ministro se ha referido concretamente al coste estándar, el coste máximo que debían tener los servicios para que un municipio pudiera seguir prestándolos, con la obligación de traspasarlos si no a las diputaciones o comunidades.
Montoro ha explicado que se retiró esta parte de la ley tras el informe del Consejo de Estado, crítico con la redacción dada, y para evitar interpretaciones de «menoscabo alguno de la autonomía municipal». Y se retiró de la ley, ha dicho, aunque era una medida «bien valorada y recibida por quienes nos supervisan desde otros ámbitos, incluida la Unión Europea».
El ministro ha subrayado que la ley en general permite que el ciudadano reciba «el mejor servicio en las mejores condiciones de eficiencia y de coste» y que los ayuntamientos tengan claro el alcance de sus competencias, evitando «la permisividad de las competencias conocidas como impropias».
Montoro ha aprovechado para resaltar de nuevo el trabajo financiero de los municipios, «las únicas administraciones con superávit y que están superando los objetivos de estabilidad presupuestaria». En 2012, cerraron en conjunto con el 0,22% del PIB, en lugar del -0,33% que tenían autorizado. «Excelente gestión y esfuerzo de los ciudadanos, que aprecian que los ayuntamientos estén saneados», ha dicho.
Mecanismos para garantizar servicios
El responsable de Administraciones Públicas ha repasado todos los capítulos de la ley. Entre ellos, ha defendido los mecanismos que se establecen para garantizar la prestación de los servicios por la administración que tiene la competencia, desde los principios de la eficiencia.
Montoro ha explicado que se redactan con claridad las competencias propias de los municipios y las que pueden ejercer por delegación de las autonomías, con garantía de que sólo una administración, y con financiación para ello, desarrollará ese servicio.
Ha recordado que se calculará el coste efectivo de los servicios, según una metodología que dará Hacienda y antes del 1 de noviembre de cada año, las administraciones locales harán las cuentas y deberán publicar los resultados. «Se tendrá en cuenta los costes reales conforme a los datos de ejecución de gastos», ha dicho el ministro. «Es un modelo abierto y orientado a una administración por resultados», ha añadido.
El ministro ha defendido también el nuevo papel de las diputaciones, como supervisoras de la prestación de servicios. «Podrán sumir determinados servicios mínimos de los municipios, mediante consorcios, mancomunidades u otras fórmulas», ha repasado. Este paso deberá estar acordado con el municipio en cuestión.
El PNV retira su veto
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado la retirada «en el último minuto» de la enmienda de totalidad que su grupo parlamentaria había presentado contra la reforma local planeada por el Gobierno. Según ha explicado, las negociaciones que ha mantenido con el Gobierno en estos últimos días han permitido alumbrar un texto cerrado en el que se deja claro que la reforma local respetará la autonomía de las diputaciones forales.
Así, el Gobierno se ha comprometido a introducir dos enmiendas «que abarcan la materia foral» y reconocen «la tutela financiera de las diputaciones forales». «Son éstas las que adecuarán los principios que marca la ley a las circunstancias concretas del País Vasco», ha explicado.
«Aseguramos también la participación de las diputaciones forales en el nombramiento de los funcionarios de la administración nacional, y en la adaptación de la masa salarial de los miembros de las corporaciones locales», ha agregado, para señalar que este acuerdo demuestra que «se ha podido negociar».
No obstante, ha advertido de que todavía quedan «muchas cosas» que preocupan al PNV y sobre las que no han llegado a un acuerdo con el PP, como por ejemplo lo relacionado con las mancomunidades o lo relativo a las competencias impropias.
A este respecto, el portavoz del PNV ha asegurado que el Gobierno se ha comprometido a seguir dialogando. En este sentido ha manifestado que el acuerdo de hoy «es una muestra de que ese acercamiento se puede dar». «Veremos en las próximas semanas si se puede seguir profundizando en ese acuerdo», ha apostillado.