Las receptoras del mensaje de los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, estaban claras: las víctimas. A ellas se han referido en todo momento; y a ellas son a las que principalmente han intentado tranquilizar. Ni habrá cambios en la política penitenciaria, ni habrá negociación de ningún tipo con la banda terrorista, ni mucho menos aún saldrá de las arcas públicas ni un euro para indemnizar a la terrorista Inés del Río cuya puesta en libertad cada vez está más cerca. Casi dos horas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbara la ‘doctrina Parot’ por considerarla contraria al derecho comunitario, los titulares de los dos Ministerios más afectados por la decisión han comparecido ante los medios de comunicación para dejar constancia de la desazón del Ejecutivo ‘popular’ por la decisión de la justicia europea que pide la «inmediata» excarcelación de la autora de 24 asesinatos y el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales en un plazo de tres meses.
La decisión de la Gran Sala del TEDH lo único que hace es ratificar lo que la Tercera Sala ya dictó el pasado 10 de julio de 2012: la ‘doctrina Parot’ es contraria al derecho comunitario y viola los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al que España está adscrito. Ahora ya le corresponde a los tribunales de Justicia españoles determinar en qué términos aplicará esta sentencia para el resto de casos. El ministro Gallardón ha insistido en varias ocasiones en que el fallo emitido este lunes únicamente afecta a Inés del Río, y que a partir de ahora «se hará un estudio profundo» de cada uno de los casos afectados por la ‘doctrina Parot’. «No es una decisión política sino judicial», ha recordado el titular de Justicia, que al igual que el de Interior han evitado aclarar públicamente si esta sentencia deja la puerta abierta a más excarcelaciones y de cuántas estaríamos hablando.
Una actitud que mantiene en pie de guerra a las asociaciones de víctimas que llevan meses advirtiendo de que la derogación de la ‘doctrina Parot’ tendrá consecuencias. «La sentencia ni es vinculante ni de obligado cumplimiento», han vuelto a recordar las víctimas, que en la tarde de este lunes se reunirán con Gallardón y Fernández para acercar posturas. «Daño. Dolor. Sufrimiento. Miedo. Desesperanza. Vergüenza. Pena. No hay suficientes palabras para expresar lo que siento». Así es como se ha confesada la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, en su cuenta de Twitter nada más conocer el fallo de Estrasburgo. Y así ha sido como los ministros han contestado: «ETA ha sido derrotada. No volverá. Y a este Gobierno no le temblará el pulso». Un mensaje de tranquilidad directo a las víctimas, pero también al sector más duro del Partido Popular -encabezado por Jaime Mayor Oreja- que aún no lo ve tan claro.
Futuras excarcelaciones
El Gobierno no lo ha querido confirmar, puesto que ha preferido dejar en manos de la Justicia estas controvertidas decisiones, pero todo parece indicar que 54 presos de ETA están más cerca de la libertad. Lo que sí ha hecho ha sido no descartar ningún escenario hipotético. Por esta razón ha hablado de «eventuales excarcelaciones» y a ellas se ha referido con contundencia. Un aviso a navegantes en toda regla.
En el caso del titular de Justicia ha aprovechado esta intervención para aclarar varios extremos. En primer lugar, que la de Estrasburgo no se trata de una «doctrina generalizada», es decir, que a partir de ahora cada preso de características similares a Inés del Río y que esté próximo a una revisión de la condena tendrá que recurrir su caso de manera «individualizada» y que éste será «revisado en profundidad» por la Justicia española. Y en segundo lugar, que el Ejecutivo no tiene pensado compensar económicamente a la etarra. Según ha explicado Gallardón, cuando Inés del Río fue condenada por sus crímenes también fue condenada a una multa por responsabilidad civil. Entonces, Del Río se declaró insolvente y las indemnizaciones corrieron a cargo del Estado. Ahora que Estrasburgo ha fallado a favor de que la etarra obtenga una indemnización de 30.000 euros, el Gobierno lo que tiene pensado es restárselo del total de la deuda que la etarra contrajo con la Administración.
Fernández Díaz, por su parte, ha querido dejar claro que pase lo que pase el Gobierno «velará por el cumplimiento de la ley» y especialmente para que «no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas». «El Gobierno velará por el cumplimiento de la Ley, eso significa que no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas con las eventuales libertades. No habrá impunidad para violar la Ley», ha manifestado el ministro del Interior, que ha puesto como ejemplo de que la lucha contra el terrorismo no está en suspenso la reciente operación contra Herrira, la plataforma de apoyo a los presos de ETA, que concluyó con 18 detenidos, puestos todos en libertad seguidamente por la Audiencia Nacional.