El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibirá este miércoles por la tarde a la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y a la de la AVT, Ángeles Pedraza, según ha anunciado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en entrevistas en Antena 3 y en Los Desayunos de TVE. El ministro ha reiterado la cercanía del Gobierno con las víctimas y ha reconocido el derecho de todo el mundo a manifestarse «libre y pacíficamente en el marco de la ley», después de que la AVT ya haya convocado una marcha para este domingo en Madrid en protesta por la derogación de la ‘doctrina Parot’. No obstante, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que miembros del PP secunden la convocatoria.
Fernández Díaz y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya recibieron a Blanco y Pedraza el pasado lunes, nada más conocerse la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la etarra Inés del Río, anulando la doctrina que permitía alargar las penas de etarras condenados por delitos anteriores a 1995. El titular de Interior también se reunirá con la Federación Estatal y Autonómica de Víctimas del Terrorismo y con Federación Estatal y Autonómica de Víctimas del Terrorismo y con la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo.
Estatuto de las víctimas
Fernández Díaz también ha afirmado que el Consejo de Ministros aprobará el viernes el anteproyecto de ley de Estatuto de las Víctimas que permitirá a las víctimas de todo tipo de delitos personarse en los procedimientos «para que puedan estar informadas y alegar lo que consideren oportuno en los cambios sustanciales en situación procesal de los condenados de los que son víctimas».
Ante la protesta convocada por la AVT, el titular de Interior ha subrayado que la derogación de la ‘doctrina Parot’ «no es una decisión del Gobierno» sino que se ha tomado «contra la voluntad del Gobierno» y que quienes la ejecutan son los tribunales. «Hemos hecho todo lo que hemos podido», ha aseverado.
El Gobierno considera «justa» la doctrina
Es más, ha dicho que el Ejecutivo sigue considerando «justa» esa interpretación jurídica, porque es «elemental» que no pueden tener el mismo trato «la persona que comete un asesinato y la que comete 25, o una persona que viola a una mujer o un violador en serie». Además, ha defendido que ha sido «enormemente útil y eficaz para luchar contra el terrorismo y contra formas de criminalidad especialmente repugnantes».
Sin embargo, ha reiterado una y otra vez que «el Gobierno no puede hacer nada» para no aplicar la sentencia de Estrasburgo, «por suerte o por desgracia, más bien por lo segundo». El ministro se ha basado en la «doctrina del Tribunal Constitucional sobre cómo se deben aplicar e interpretar las sentencias» y en un informe de la Abogacía del Estado que ha analizado esa jurisprudencia y «toda la casuística jurídica».
En todo caso, ha querido subrayar que no habrá «excarcelación general» de etarras puesto que hay 480 en prisión y, además, la anulación de la Parot afecta sólo a los condenados por el Código Penal de 1973.
Y además, ha recalcado que, pese a esta decisión judicial, la banda terrorista ETA «ha sido derrotada». Es más, ha incidido en que el objetivo de ETA y el de sus «sanguinarios» terroristas no era salir de prisión, tras más de 20 años, en virtud de una sentencia de un tribunal internacional que «homologa jurídicamente su excarcelación a la de violadores y asesinos».
Fernández Díaz ha evitado valorar la celeridad con la que la Audiencia Nacional decidió el martes la excarcelación de la etarra Inés del Río –«seguro que saben lo que pienso»– por respeto a la separación de poderes.
«Al Gobierno no se le puede exigir que incumpla la ley»
De hecho, ante los reiterados reproches sobre si el Gobierno podría o no haber hecho algo más, ha replicado que la regla básica del Estado Derecho es la separación de poderes, de modo que «al Gobierno se le pueden exigir muchas cosas pero no se le puede pedir que no cumpla las leyes o que interfiera en un poder que no es el suyo, en este caso Estrasburgo o la Audiencia Nacional». «Tenemos bien aprendido que no podemos desobedecer lo que dicen los jueces en el ejercicio de su competencia», ha remachado.
En la misma línea, ha dejado claro que el Gobierno no puede corregir al Fiscal General del Estado, que el martes dijo que la Fiscalía analizaría caso por caso los procedimientos que pueden verse afectados por la sentencia de Estrasburgo. El Ministerio Fiscal es un órgano jerarquizado pero tiene un margen de autonomía y no está «subordinado al Gobierno». «En el caso de Inés del Río, por lo que hemos visto la Fiscalía entendía que no había más remedio que proceder a su excarcelación, a mí me gusta lo mismo que a usted o menos», ha espetado.