El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural ya anuncio este martes que lo pediría y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aprovechado la comparecencia de este miércoles en el Congreso de los Diputados para confirmarlo: el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, comparecerá «a la máxima celeridad posible» ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para que dé explicaciones -sin luz ni taquígrafos- sobre la información que posee el Gobierno en torno al supuesto espionaje masivo de EEUU en España. Comparecencia que considera «suficiente», negándose así a dar más explicaciones de las dadas y a que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría -en calidad de máxima responsable de la Agencia- también «salga a la palestra», tal y como han reclamado UPyD y el Grupo Mixto.
Decisión que no sólo vendría motivada por la información adelanta este lunes por el diario El Mundo, donde se aseguraba que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) rastreó 60 millones de llamadas en España en un solo mes. Hechos que podrían ser constitutivos de delito y por los que la Fiscalía decidió este lunes abrir diligencias. Sino también por la acusación que este lunes hacía esa misma cabecera, que asegura que el CNI no sólo conocía el trabajo de los servicios de espionaje estadounidense, sino que además le «facilitaba la tarea». Extremo que este mismo martes ha reconocido ante la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes el director de la NSA, Keith Alexander, quien aseguró que estos datos corresponden a agencias de Inteligencia extranjeras.
Ha sido una mención breve, al inicio de su intervención en el Parlamento cuando se disponía a explicar las conclusiones del último Consejo Europeo -el del pasado 24 y 25 de octubre-, pero el líder del Ejecutivo sí ha asegurado «tomarse muy en serio las informaciones» publicadas a este respecto, motivo por el que decidió convocar el pasado lunes al embajador de EEUU en España, James Costos, y solicitar información «para disipar dudas». «Le hemos trasladado la inquietud del Gobierno de España», ha reconocido Rajoy, quien además ha insistido en que de ser ciertos estos hechos «serían inapropiados e inaceptable entre países amigos», sensación compartida -ha dicho el presidente- con el resto de aliados.
El supuesto espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense a ciudadanos, pero también a líder europeos -como es el caso de Angela Merkel- planeó sobre toda la cumbre europea y, de hecho, Alemania y Francia anunciaron que negociarán de aquí a final de año con Estados Unidos un acuerdo que regule el funcionamiento de los servicios secretos a ambos lados del Atlántico y evite que se repitan casos de espionaje masivo. Entonces, Rajoy no quiso aclarar si se sumará a esa iniciativa y aseguró que no tenía constancia de que España haya sido espiada. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, insistió este lunes en ese mensaje pero avisó que si se confirmara que se ha producido ese espionaje, podría romper la confianza entre ambos países.
Durante la cumbre, los líderes europeos expresaron su «profunda preocupación» por la actitud de Washington y resaltaron que la «estrecha relación» entre la UE y Estados Unidos «debe basarse en respeto y confianza, incluyendo lo que se refiere al trabajo y cooperación de servicios de inteligencia». Apreciación plenamente compartida por el líder de la oposición española, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien no sólo ha asegurado estar «completamente de acuerdo» con la comparecencia de Félix Sanz en el Congreso, sino que ha reincidido insistentemente en que la «inteligencia compartida» es fundamental para todos los países, puesto que los riesgos actuales viene del crimen y el terrorismo internacional. «Compartir información no es fácil, cuesta mucho tiempo», ha aclarado Rubalcaba, que considera que esa es la cuestión central a discutir. «Más allá de las responsabilidades derivadas de estos hechos, lo que se está poniendo en riesgo es la confianza y esto es lo que hay que decirle a EEUU», ha recomendado el socialista, quien ha explicado que el hecho de que un servicio de inteligencia extranjero intervenga en un país sin que éste lo sepa genera «desconfianza», pero si además hace cosas que afecta al Gobierno y a las instituciones se trata de «deslealtad». «La pérdida de confianza se produce en un día, pero tarda muchos años en recuperarse», ha concluido.
También se ha referido a esta cuestión el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Duran i Lleida, quien considera «vergonzoso» que se vulneren los derechos de cualquier ciudadano, «lo haga quien lo haga es un hecho grave». La formación catalana «condena» la actitud de EEUU y pide que el director del CNI aclare las últimas acusaciones que han sido publicadas sobre España. En este sentido, Duran ha reconocido que no conoce ningún servicio de inteligencia que lo actúe legalmente, pero que aún así él tiene la obligación de «exigir» que se haga así y que la responsabilidad de explicar todos estos hechos le corresponde al director del CNI. Aún así, el diputado catalán ha pedido a la Unión Europea que este incidente no «empañe» el Tratado de Libre Comercio que se está a punto de firmar entre EEUU y la UE. Y ha afeado a Bruselas por dejarse guiar más por una cuestión medática como la del espionaje en vez de hacerlo por cuestiones fundamentales como la problemática de la inmigración. «No está bien traficar con datos, pero peor aún está hacerlo con personas. Estas son las cuestiones que verdaderamente preocupan a mi formación», ha zanjado Duran.
Ya en su turno de réplica, Rajoy ha adoptado la misma actitud que al inicio de su comparecencia. Tratar el asunto de soslayo. Tanto es así, que al final de su respuesta a Rubalcaba ni se acordaba del tema del espionaje, ha sido el principal líder de la oposición el que desde su bancada se lo ha tenido que recordar. Aunque la respuesta no ha sido muy diferente a desgranada durante los últimos días por el Ejecutivo del PP. Así pues, Rajoy ha agradecido a Rubalcaba su «prudencia» a este respecto y ha recordado a la oposición al completo que el Gobierno actuará con «sensatez» y dará una respuesta «rigurosa y equilibrada».