“Si en el curso de las próximas 48 horas no hay acuerdo, el Ayuntamiento asumirá el control directo del servicio”
Segunda amenaza para las empresas adjudicatarias. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado en rueda de prensa que si siguen sin cumplirse los servicios mínimos y no se formaliza un pacto entre las empresas y los sindicatos, el Ayuntamiento tomará las riendas del conflicto.
En un primer lugar el consistorio denunciará la situación en el Ministerio Fiscal para que actúe y denunciar ante la Fiscalía. Después será el Ayuntamiento el que asuma el control de la situación y anuncia que ha dado orden al delegado de Medioambiente para que una empresa pública sea la encargada de gestionar el servicio.
Será la empresa pública Tragsa, que según ha explicado Botella trabaja en servicios de medio ambiente y que intervino en las huelgas de Granada y Jerez, la que se ocupará de asegurar el cumplimiento de los servicios mínimos y ha querido dejar claro que los costes que se desprendan los asumirán las concesionarias. “Esto se mantendrá tanto tiempo como dure la situación y los gastos se repercutirán a las empresas: descontaremos en la factura del mes de noviembre los servicios no realizados, también los servicios mínimos no cumplidos», añade.
Botella se niega a admitir ninguna responsabilidad. Según ha asegurado, no tenía constancia del recorte que pretenden llevar a cabo las concesionarias, no reconoce fallos en su gestión de la huelga y no acepta las críticas de la prensa internacional. Para la alcaldesa, las empresas, los sindicatos, los huelguistas y los piquetes, son los culpables.
Denuncia que las empresas adjudicatarias “no están cumpliendo con su obligación de velar por el cumplimiento de los servicios” aunque desconoce hasta que punto se está produciendo la infracción porque asegura no tener “cifras exactas”. Por otro lado culpa a los piquetes de llevar a cabo una “huelga salvaje”, de realizar “actitudes vandálicas” y de ser los autores de un “chantaje” que “ha tomado como rehenes a los madrileños”.
Aun así y a pesar de que el conflicto parece no tener solución, la alcaldesa mantiene que no contempla “la rescisión de los contratos” porque considera que “esta forma de contratación supone una mejora para los madrileños”.
Los socialistas reclaman que se hagan públicos los pliegos
Durante la mañana de este martes, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha exigido a Ana Botella que haga públicas las distintas ofertas presentadas. Los socialistas temen que pueda “saltar la sorpresa” y se descubra que el consistorio sí conocía el número de trabajadores que pensaban mantener las empresas. “De ser así, el equipo de Gobierno podía reducir el número de despidos”, ha asegurado.
En definitiva, si las ofertas ganadoras muestran que el número de trabajadores es inferior al que había antes de los nuevos contratos, la alcaldesa “no debería tardar ni un minuto más en dimitir, no solo por la pésima gestión que ha realizado durante la huelga sino por ocultación de datos y por emplear a empresas para despedir a trabajadores”.