“Una pérdida de tiempo”. Así describe Daniel Gismero, delegado de la Sección Sindical de CC.OO en URBASER PAU de Vallecas la primera reunión de los sindicatos y las empresas en la mesa de negociación colectiva.
Considera que se trata de un lavado de cara por parte de las concesionarias porque “después de diez días de huelga no ha habido ninguna reunión ni ningún acercamiento y tienen que justificar de algún modo que lo han intentado”.
Los sindicatos denuncian que después de varios días de paro las empresas se han limitado a acudir a las reuniones que marca la ley cuando se inicia un proceso de huelga y que han evitado acudir a la mesa que es donde se establecen los acuerdos. “El encuentro se ha producido para que las empresas puedan decir que nos hemos reunido”, añade Gismero.
Pero si las discrepancias ya eran considerables, ahora son insostenibles. Las empresas no solo no darán marcha atrás en el ERE y en la reducción de los salarios a la mitad sino que además pretenden aumentar la jornada laboral y reducir días de permiso no retribuido. Sí les dejarán media hora para descansar y comer. “De poco nos sirve que nos dejen comer el bocadillo en media hora porque no vamos a tener dinero para el bocadillo”, critica Gismero.
Las empresas no ceden y los sindicatos tampoco. Los trabajadores mantienen su propuesta: ningún despido y conservar el mismo sueldo. “Nosotros proponemos reducir el convenio a dos años con un incremento salarial cero, porque dicen con mala baba que queremos mantener el convenio anterior y aumentar el sueldo un 3%”, explica Gismero.
El ultimátum de Ana Botella
Y mientras el conflicto parece no tener solución a corto plazo, Ana Botella anuncia un ultimátum y advierte que si no se resuelve en las próximas horas será el Ayuntamiento el que asuma el control de la limpieza a través de la empresa pública Tragsa.
Sin embrago, esta solución ha pillado por sorpresa a los trabajadores de la empresa que se niegan a encargarse del servicio y han querido mostrar su “total apoyo a las justas reivindicaciones de los trabajadores de la limpieza de Madrid”.
El comité de Intercentros de Tragsa ha querido dejar claro que “no están dispuestos a participar en las artimañas de la alcaldesa incapaz de gestionar ningún tipo de conflicto entre nosotros, este de la limpieza”.
Además, los trabajadores están actualmente inmersos en un ERE que propone despedir a 836 trabajadores, es decir, al 23% por cierto de la plantilla fija.
Bien es cierto, que al tratarse de una empresa pública si el Ayuntamiento da la orden está obligada a asumir el servicio de limpieza, aunque para que esto ocurra se tiene que producir una situación de riesgo sanitario.
Tanto los trabajadores de Tragsa como los del servicio de limpieza viaria y jardinería creen que la intervención de la emppresa pública en la gestión de la limpieza supondría una vulneración del derecho a la huelga. «Ana Botella ha amenazado con vulnerarel derecho de huelga tratando de introducir una empresa privada. Resulta que las empresas públicas ahora ya solo sirven para reventar los derechos de los trabajadores. Es una decepción», remeta Gismero.