La empresa pública Tragsa no podrá hacerse cargo del servicio de limpieza viaria y jardinería de Madrid. Según el sindicato de Comisiones Obreras, está solicitando voluntarios en sus bases de Cuenca, Guadalajara y Toledo porque no hay personal que pueda encargarse de los servicios mínimos, pero por el momento solo se han presentado 14 operarios. El resto de la plantilla se ha negado.
El ultimátum que dio de Ana Botella este miércoles a las concesionarias y a los sindicatos para resolver el conflicto y llegar a un acuerdo que frene la huelga ha sentado como un jarro de agua fía entre los trabajadores de Tragsa.
“Lo primero que han dicho los trabajadores es que no están a disposición de cumplir ese cometido. Es un caos. Un problema que lo ha generado la alcaldesa lo va a resolver una empresa que también está en huelga con un ERE, es absurdo”, explica a ESTRELLA DIGITAL Roberto Tornamira, secretario general de la federación de servicios de UGT.
La empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec se encuentra inmersa en un ERE que afecta a 1.639 empleados de distintas comunidades autónomas, un 17% de la plantilla total, a lo que hay que sumar el cese de actividad de más de mil trabajadores ocasionales. Se trata del mayor despido colectivo en una empresa pública en los último años.
“La empresa quiere despedir a 1.630 trabajadores en toda España, también ha tenido una huelga recientemente, así que no se si tienen capacidad de asumir el servicio, tengo muchas dudas”, asegura Tornamira.
Los trabajadores iniciaron una huelga dos días después que sus compañeros de Madrid, el pasado 7 de noviembre, y duró dos días. Según los representantes sindicales el seguimiento fue del 80%. De hecho, la primera reacción de los trabajadores al ultimátum de Ana Botella fue manifestar su apoyo a sus compañeros y rechazar la propuesta de la alcaldesa.
Además, se sintieron amenazados e insultados por la alcaldesa cuando se refirió a la huelga como “salvaje” y cuando anunció que los trabajadores de Trasga serían los encargados de cumplir con los servicios mínimos.
“Ante un problema la solución no puede ser una amenaza, los trabajadores no son niños a los que se nos puede amenazar con ir al rincón de pensar. Y los trabajadores no son salvajes, son seres humanos que tienen familias que dependen de ellos. Salvaje es la alcaldesa que gana un salario que no se merece dada la incompetencia que está demostrando”, critica Tornamira.
Los trabajadores de Tragsa aseguran que la gestión que lleva a cabo la edil en el conflicto es “nefasta”. Denuncian que tras ser ignorados por el Ayuntamiento cuando se presentó el ERE ahora les piden que “revienten la huelga de sus compañeros”.
Una desorganización que los trabajadores consideran “un farol”. “La señora Ana Botella se ha metido en un lío que no sabe como resolver. Es una incompetente, ofrece una empresa que también está en conflicto. Ahora mismo no tiene capacidad para asumir el servicio. Además, cuando presentaron el ERE en Tragsa nadie del Ayuntamiento se puso en contacto con nosotros. Cuando tienes un problema hay que hablar con las personas afectadas pero parece que están por encima del bien y del mal”, añade Tornamira.
Aunque Tragsa es una empresa pública y si el Ayuntamiento lo dictamina tienen que aceptar la gestión del servicio de limpieza, los trabajadores defienden que no “están al capricho de lo que diga Ana Botella” e irán a los tribunales si finalmente son obligados a actuar.