Cataluña se lleva el mayor trozo del pastel: 1.489 millones para pagar facturas

«Decir que España nos roba es equivalente a decir que nos robamos a nosotros mismos, como si nos cambiáramos la cartera de bolsillo. No tiene ningún sentido». De esta manera tan irónica respondía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este viernes a las acusaciones vertidas desde Cataluña contra el Estado central y su sistema de financiación. El argumento, se lo dejaba el Consejo de Ministros en bandeja: el tercer plan de pago a proveedores aprobado este viernes vuelve a poner en relieve que el Estado central sigue salvando a Cataluña de la quiebra.

La deuda de la Generalitat con las farmacias ya es alarmante. Tanto es así, que la semana pasada, las más de 3.100 farmacias que hay en Cataluña cerraban sus puertas para presionar aún más al Gobierno central y al regional para desbloquear el Plan ICO Proveedores y les pagaran los 416 millones de euros pendientes de cobro por los fármacos dispensados en receta. «La situación es insostenible«, alertaba Jordi de Dalmases, el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña. Unas horas más tarde, el Gobierno reaccionaba, y en boca de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ya fuera de focos aseguraba a los periodistas presentes en Moncloa que la situación tardaría una semana en solucionarse, pero que el Consejo de Ministros ya tenía previsto elevar el techo de deuda de las comunidades autónomas para que hicieran frente a este pago.

Y así ha sido. Este viernes, el ministro de Hacienda ha anunciado la aprobación de la tercera fase de plan del pago a proveedores, el último tramo ya, y que se compondrá de 13.000 millones de euros que se dosificarán en dos entregas. Una primera compuesta de algo más de 5.000 millones (3.881 millones para las autonomías y más de 1.000 millones para las corporaciones locales) que estará a disposición de las administraciones a partir del próximo miércoles. Y una segunda compuesta de 8.000 millones que tardará aproximadamente dos meses en llegar. Tal y como ha explicado Montoro, el primer tramo autonómico, que estará dotado de 3.881 millones y que estará disponible la próxima semana, las comunidades autónomas que lo han solicitado se lo repartirán de la siguiente manera: 632 millones Andalucía, 11 millones Aragón, 936 millones la Comunidad Valenciana, 24 millones Canarias, 347 millones Castilla La Mancha, 232 millones Baleares, 89 millones Madrid y 1.489 millones Cataluña. El mayor trozo del pastel que deberá servir para hacer frente a los pagos más urgentes derivados de la sanidad y la educación.

De esta manera, el Gobierno de Mariano Rajoy intenta demostrar a Cataluña que no le abandonará ante las dificultades económicas por las que está atravesando. Uno de los pilares de su discurso desde que estallara el famoso desafío soberanista orquestado desde el Gobierno de Artur Mas. «Gracias a que tenemos un Estado podemos financiar servicios públicos y pagar», ha recordado Montoro, quien ha aprovechado esta intervención también para clamar las alarmas por el incremento de la deuda pública, que ya el 93% del PIB. Según ha explicado el titular de Hacienda, España está pagando el déficit oculto y aflorando facturas pendientes y ello se traduce en un incremento de la deuda pública, pero afirmó que se trata de operaciones de tesorería, que añaden como mucho algunas décimas al conjunto del endeudamiento público. «No hay peor situación que tener un déficit y no pagarlo, eso es el acabose. Ahora vienen auténticos planes de tesorería, no incrementan el déficit y la deuda como mucho una décima», ha remarcado Montoro, quien ha asegurado que planes como el de pago a proveedores se están financiando a través de las emisiones del Tesoro Público.

Comisión bilateral con Cataluña

Ya en otro orden de cosas. Las críticas que esta semana volvían a verter el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, y el principal líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, respecto al inmovilismo de Rajoy en la cuestión catalana parecen que han surtido efecto. «Creemos que tenemos que sentarnos para buscar soluciones y resolver las tensiones. Cataluña debe de saber que están dispuestos al diálogo, a la moderación y a la búsqueda de soluciones para continuar juntos», decía este miércoles Rubalcaba tras su reunión con el diputado catalán. Y dicho y hecho.

Hace meses que está pendiente de decisión si finalmente se convoca o no una Comisión Bilateral con Cataluña, tal y como había solicitado por carta a la vicepresidenta la parte catalana; pero hasta este viernes, el Gobierno ‘popular’ se había negado a decir nada al respecto. Desde que Rajoy es presidente no se ha celebrado ninguna, pero parece que el Ejecutivo central ya ha decidido dar su brazo a torcer y ponerse a trabajar sobre esta cuestión. Tal y como ha anunciado la vicepresidenta, ella y el ministro de Hacienda ya se reunieron este jueves para abordar el asunto y entienden que sí hay materia para convocar dicha comisión. Aunque el Ejecutivo no sabe si esta materia será del agrado de la otra parte.

Tal y como han explicado fuentes gubernamentales, el Ejecutivo quiere aprovechar este encuentro bilateral poner sobre la mesa las cuestiones que preocupan en «el día a día a los ciudadanos». Esto es por ejemplo los asuntos relativos a infraestructuras, sobre los cuales cabe llegar a acuerdos. «Para nosotros sí hay materia suficiente y estamos dispuestos a trabajar y a culminar los acuerdos para convocarla», ha insistido la vicepresidenta, que ha admitido que cree que hay asuntos sobre los que se puede llegar a un acuerdo con el Gobierno catalán, aunque no «satisfaga al cien por cien sus expectativas». Tanto es así, que fuentes del Ejecutivo ya han rechazado de lleno que las becas pueda ser objeto de discusión, tal y como reclama Cataluña. Y desconocen si la intención del Gobierno catalán será solicitar el traspaso de la competencia para convocar una consulta que recoge el artículo 150.2 de la Constitución. «Que nosotros sepamos no», ha sido la respuesta concreta de las fuente consultada.

Ahora la piedra está en el tejado de la Generalitat, que será la que tendrá que decidir si acepta o no los términos propuestos por el Ejecutivo. La fecha de celebración sigue siendo una incógnita, nadie se atreve aventurar ni siquiera si se celebrará antes de Navidad, lo único sabido hasta el momento es que la vicepresidenta se pondrá en contacto la próxima semana con Duran i Lleida para concretar más esta cuestión.