La asociación «Todos los niños robados son también mis niños», organización integrante de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ce AQUA), muestra su satisfacción por las observaciones finales que el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas emitió el 15 de noviembre ante el informe presentado por el Gobierno de España.
El pasado lunes 4 de noviembre (con la colaboración y apoyo de Amnistía Internacional) la representante de esta asociación, Soledad Luque, asistió también como portavoz de la Ce AQUA para exponer el punto de vista de las víctimas y presentar su informe ante el Comité, junto con otras ONG.
Entre las observaciones del CED, se encuentran las peticiones que reiteradamente las víctimas llevan años solicitando al Estado español sin obtener respuesta alguna: que «los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada»; que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo jurídico en la investigación, que «los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos», y «las víctimas reciban reparación adecuada».
La búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y su esclarecimiento son obligaciones del Estado
Es de gran importancia para las víctimas de la dictadura, y un gran apoyo a la Ce AQUA, que el Comité inste al Gobierno español a colaborar con las autoridades de otros países que investiguen las desapariciones forzadas, en clara referencia a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo.
En cuanto a las «medidas de reparación y de protección de niños contra las desapariciones forzadas», la asociación considera que el Comité ha sido plenamente sensible a las consideraciones expuestas por las víctimas de robo de niños: el CED recomienda al Gobierno español que «intensifique sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad»; que adopte las medidas necesarias a fin de establecer una definición de víctima, acorde con lo dispuesto por la Convención, ya que sus derechos no se encuentren cubiertos por el marco normativo vigente en España; y recuerda al Gobierno que «la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado» que incluyen la asignación de recursos personales, técnicos y financieros para la búsqueda, un esfuerzo que hasta ahora ha recaído en las víctimas que buscan a sus desaparecidos.
La asociación «Todos los niños robados son también mis niños» está segura de que lo transmitido por las diversas organizaciones, entre ellas las asociaciones de víctimas por el robo de niños, y el resto de la sociedad civil al Grupo de Trabajo en septiembre y lo que ha sido llevado ahora en noviembre al Comité de Desapariciones Forzadas ha contribuido, sin lugar a dudas, a que estas recomendaciones estén en clara sintonía con el sentimiento de las víctimas.
A las víctimas solo les queda esperar que el Gobierno de España se dé por aludido y no siga mirando hacia a otro lado, que deje de ignorar a los miles de desaparecidos, a las miles de familias que buscan a sus seres queridos y a las miles de personas que desean conocer su verdadera identidad, y realice una búsqueda realmente efectiva y en consonancia con las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.